El presidente del Congreso respondió rápido a las acusaciones sobre su patrimonio con una lectura de sus bienes ante los portavoces parlamentarios. Sin embargo, el Partido Popular habla de "silencio clamoroso" y llevará el asunto a la Fiscalía Anticorrupción si José Bono no vuelve a comparecer. ¿Qué quiere saber después de las explicaciones de Bono?, ¿pretende hacer ruido o hay motivos de peso para sospechar acerca del pago de algunas de las posesiones del socialista?
"Sé que algunos dirigentes del
Partido Popular, y sólo algunos, se han hecho eco de las noticias, insinuaciones y difamaciones que se han publicado contra mí en un único periódico y, aunque no me agrada la calumnia ni la maledicencia, no es la primera vez que padezco esa siembra de sospechas ni que juegan con el honor ajeno guiados por el ‘calumnia que algo queda’", manifestó
José Bono este viernes horas después de conocer que el principal partido de la oposición ha elevado a la Fiscalía General del Estado las informaciones publicadas acerca de su patrimonio, principalmente de
La Gaceta.
El presidente de las Cortes sostiene que “las avispas de la difamación pican en fruto sano”. Sin embargo, el PP prefiere que sea la justicia la que se ocupe de dar la razón a esta afirmación.
EL IMPARCIAL ha tenido ocasión de conversar con el diputado del Grupo Popular
José Ignacio Echániz, a quien este periódico le ha preguntado sobre la insistencia del partido en esta cuestión pese a que Bono ya rindió cuentas en el Congreso. Echániz subraya, antes de cualquier otra consideración, que el socialista, tanto por su trayectoria como por el cargo que ostenta, le merece respeto y reconocimiento. De hecho, el parlamentario cree en la inocencia de
Bono pese a que las
informaciones “hagan generar sospechas”, pero estima que debe demostrar que lo publicado es falso porque es la tercera autoridad del Estado. En cambio, con su silencio –dice el diputado-, “la ola va creciendo”.
Echániz aclara que el presidente del Congreso explicó su patrimonio ante la
Mesa, integrada por los portavoces de los Grupos, pero que, en su opinión, “no es el órgano adecuado” ya que cualquier diputado debe rendir cuentas ante la
Comisión del Estatuto del Diputado, que vela por la transparencia, “y donde habría demostrado que es uno más, en lugar de hacerlo donde goza de mayoría, aprovechándose de una posición de privilegio”, explica un Echániz que, lejos de entrar a especular sobre las posesiones de Bono, sólo le pide que justifique sus posesiones en el lugar que le corresponde y aclare por qué algunas de ellas no figuran en la declaración de bienes a la que está llamado todo dueño de un escaño.
El plazo dado por el Partido Popular a Bono para comparecer ha expirado y la
Fiscalía General del Estado toma el relevo. “Aún no ha aclarado las cosas, tiene mala pinta”, lamenta Echániz, que pide al presidente del Congreso un “striptease fiscal” porque “es muy fácil que todo esto acabe: tan solo tiene que presentar una hoja en
Excel con sus bienes”. El diputado reitera que esta exigencia “no es una cuestión del
Partido Popular, sino de la sociedad española”.
José Antonio Alonso y José Bono, en el Congreso. Efe
“La
Encuesta de Población Activa (EPA) marca un paro de casi cinco millones de personas y dice que 1,3 millones de hogares tienen a todos sus miembros sin trabajo. En ese escenario, se trata de una urgencia ética que quien ejerce el poder delegado por estas personas sea un dirigente responsable”, argumenta Echániz. El diputado recuerda que Bono “es el político que más ha levantado la bandera de la transparencia” y que, a lo largo de su carrera al frente de la
Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha, fue pionero en la exigencia de que todos los políticos dejaran claras sus cuentas y pertenencias.
Antes de concluir la conversación telefónica con el parlamentario, el interlocutor no quiere colgar sin aludir a dos precedentes en los que fue Bono quien señaló a otro e incluso actuó en consecuencia. Habla de 1999, del escándalo del lino, según el cual
Loyola de Palacio, ministra de Agricultura –“que se llevó uno de los disgustos más importantes de su vida”-, y
Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla –La Mancha, se hicieron supuestamente de oro a costa de subvenciones al cultivo. Nunca se probó que las acusaciones sobre los dos políticos, ya fallecidos, fueran ciertas. En segundo lugar, rememora Echániz, “hace 20 años,
Bono sometió al PP a una congelación de fondos porque presuntamente no había una justificación de sus gastos”. Concluye con esto el diputado que el presidente del Congreso ha sido quien, en otras ocasiones, ha puesto en la misma tesitura a compañeros de oficio.
No obstante,
Echániz pide “prudencia” y subraya que en lo ocurrido “no hay inquina, no es nada personal y entra dentro del régimen de normalidad política”. Mientras Bono pide que se pase página porque “está todo claro”, el PSOE asegura que el PP quiere tapar
‘Gürtel’ y dirigentes como
Esteban González Pons o
María Dolores de Cospedal ponen de su parte para que la cuestión no quede enterrada por la actualidad. En teoría, sólo la justicia tiene ya algo que decir, pero no será la única que se pronuncie. El runrún político va para largo. 'Difama que algo queda' o un patrimonio desmesurado sin justificar, he ahí la cuestión.