Sábado 01 de mayo de 2010
El anuncio hecho ayer viernes por el Gobierno de suprimir 32 altos cargos y 29 empresas públicas es un buen gesto pero apenas una gota en el inmenso océano de déficit que padece España. Sin embargo, fue vendido por las dos vicepresidentas, presuntas muñidoras de recorte, poco menos que como la panacea del ahorro que necesita el Estado. Bien es verdad que no toda la culpa es suya, sino de quien marca la pauta a seguir, José Luis Rodríguez Zapatero, pero también es cierto que “su gente” podía hacer algo más que bailarle el agua al líder. Todos comparten la misma cuota de responsabilidad ante la debacle económica que viene asolando a España desde hace ya demasiado tiempo, sin que su Gobierno haga nada al respecto.
No hace mucho, el PSOE perdió una votación en el Congreso, donde se le instaba a reducir el número de ministerios. Algo razonable y necesario, habida cuenta del trascendente papel que desempeñan en la vida política española personas como Bibiana Aído, Manuel Chaves o Beatriz Corredor, entre otros. Al mismo tiempo, organismos oficiales y expertos de medio mundo vienen advirtiendo de la necesidad de flexibilizar un mercado de trabajo demasiado castigado por el inmovilismo del gobierno socialista; haciendo extensivas dichas advertencias a uno de los auténticos cánceres de la economía española, cual es el coste del estado de las autonomías, en la medida que los funcionarios no se trasladan, se duplican. La excesiva delegación de competencias hasta casi vaciar el poder del Estado en facetas donde era imprescindible ha derivado en una sangría económica muy difícil de revertir. Y que el Presidente del Gobierno no sabe o no quiere cortar. Por eso lo de ayer no deja de ser -otra vez- pura cosmética en manos de alguien incapaz de hacer nada ante la ruina a la que se ve abocada España. Que no es ni Grecia ni Portugal, cierto; pero al paso que va, puede tener problemas similares.