Reforma penal sin consenso pero con demagogia

El que un texto normativo perdure en el ordenamiento jurídico sin revisiones o modificaciones sustanciales dice mucho y muy bueno de su efectividad. Algo que, por otra parte, no puede decirse del actual Código Penal, que ha sufrido ya 27 reformas sustanciales desde su entrada en vigor allá por 1995. Esta pasada semana, el Congreso de los Diputados daba luz verde al último paquete de correcciones, que no contó para su aprobación con los votos del Partido Popular, y sí en cambio con los de nacionalistas e izquierda radical. En resumen: un millón y pico de votos con preferencia a diez millones largos.


Vaya por delante que algunos de sus aspectos más novedosos responden de manera acertada a lo que era toda una demanda de sentido común. Así, es digno de elogio el que la nueva redacción recoja la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, así como el aumento de las penas para los abusos sexuales -en especial los cometidos a menores-, y los de corrupción. Pero al mismo tiempo, se incorporan al mismo dislates tan carentes de sentido como la condena de cárcel los fines de semana para quienes reincidan en pequeños hurtos. ¿Y el resto de la semana? El legislador parece sugerir que sólo es conveniente delinquir de lunes a viernes; de no ser así, la ausencia de toda lógica es tan patente como absurda. Es por ello y por otros desaguisados jurídicos más -tales como no tocar la Ley del Menor o evitar endurecer regímenes penitenciarios para delitos de especial gravedad- por lo que el PP se ha opuesto a firmar un texto que consideraba lesivo para los intereses jurídicos de los españoles. Y puede que no le faltase razón.


En cuestiones de Estado, los dos principales partidos del arco parlamentario español han de poner especial empeño en llegar a acuerdos sólidos; la ley penal es una de ellas. Por eso no acaba de entenderse muy bien el “trágala” que ha intentado colarle al PP el titular de Justicia, Francisco Caamaño. Porque, diga lo que diga, ahora no se estaba “legislando en caliente” -principal argumento de la doctrina progresista a la hora de velar más por el reo que por la víctima cuando de legislar se trata-, sino que se debatía sobre un paquete de reformas decisivas para el buen funcionamiento de la justicia en España. El sectarismo del actual ministro, con mejores formas que su antecesor pero iguales o peores intenciones, ha quedado patente en una reforma que nace coja por no contar con un consenso tan necesario como poco buscado. Y lo peor es que las consecuencias las pagaremos entre todos.