Zapatero acaba con las vacaciones sindicales

Si hay algo de lo que presumía el Presidente del Gobierno hasta ahora, y no sin razón, era de la paz social que reinaba en España. Pero con las medidas anticrisis anunciadas este pasado miércoles en el Congreso, parece que dicha paz social corre el riesgo de quebrarse, pese a que ninguna de las dos partes quiera. De hecho, el matrimonio formado por Gobierno y sindicatos ha sido siempre idílico. José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido a CCOO y UGT domesticados hasta casi rozar el descrédito sindical, si es que éste no ha sido rebasado hace ya tiempo. Tanto como el que lleva el país sumido en una demoledora crisis económica, sin que los sindicatos hayan movido un dedo hasta ahora salvo para vapulear al Poder Judicial por el tema de Garzón y demonizar a todo aquel que se atrevía a sugerir reformas inmediatas.


Al no producirse éstas, las cosas han ido yendo a peor, lo que supone que las medidas a adoptar serán ahora más dolorosas de lo que lo hubieran sido de haberse implementado cuando correspondía. Vaya por delante que el máximo responsable de todo ello es el Gobierno; para bien o para mal, es el Ejecutivo quien rige los designios del país, y a él es a quien cabe achacar éxitos o fracasos -por más que De la Vega se empeñe en aplicar la técnica del ventilador con su famoso “el PP no arrima el hombro”. Dejando a un lado, pues, que si se ha llegado a la actual coyuntura es por culpa del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, lo cierto es que la actitud de los sindicatos durante todo este tiempo ha dejado bastante que desear. También ahora.


Técnicamente hablando, hay casi cinco millones de personas en España que no podrían secundar la huelga general de la que las centrales sindicales empiezan a hablar. Fundamentalmente, porque no tienen trabajo; de ahí su imposibilidad a llevar a cabo dicha huelga. Sí podrían, en cambio, aquellos cuyo patrón es el Estado; o lo que es lo mismo, los funcionarios. Casi una de cada cinco personas que trabaja lo hace en el sector público; traducido a gasto, es una barbaridad. Evidentemente, la culpa no es de los funcionarios, que lo son gracias a haber aprobado una oposición, sino de quien ha diseñado una plantilla desmesurada y, en muchos casos, ineficaz. Por otra parte, quien trabaja para el Estado no está sujeto a los avatares de la empresa privada donde, si vienen mal dadas, puede cobrarse tarde y mal -o no cobrar- e incluso quedarse en la calle. La ventaja de los funcionarios es que nada de esto les puede pasar; ellos están a salvo de este tipo de contingencias. Así las cosas, justo es que también ellos se adapten a una situación que no es fácil para nadie. Y es ahí donde las centrales sindicales deberían de estar a la altura, en lugar de azuzar al sector público con una huelga que no beneficia a nadie. Ellos sí que podrían arrimar el hombro. Lo cual, dicho sea de paso, nada tiene que ver con bailarle el agua a Zapatero, como han venido haciendo hasta ahora. La realidad afecta a todos por igual, por dura que ésta sea.