Crisis de nuevos ricos

Después del ultimátum de la Unión Europea y la alerta enviada por Obama desde Estados Unidos, Rodriguez Zapatero no ha tenido más remedio que autoenmendar su política de gasto público en los últimos dos años e imponer el mayor recorte en políticas sociales de la historia democrática española. Pero, la solución ha ido nuevamente encaminada a cargar la crisis a la cuenta de las clases medias- subida del IVA en Julio y recorte de los sueldos a los funcionarios- y de las clases más desfavorecidas, que verán congeladas las pensiones y recortada de facto su prestación por la ley de dependencia.

Seguramente la falta de toma de decisiones meditadas y consensuadas en las Cortes y con los agentes sociales en estos dos años y medio de crisis económica y paro, ha llevado al presidente a un callejón sin salida en el que el solo se ha metido por su incapacidad antropológica de tomar una sola decisión impopular. Es el precio de quien gobierna pensando solo en la foto. La reforma laboral finalmente, aunque sea a petición de la UE, llegará en tres semanas y la reforma del sistema financiero antes del verano. Todo lo que ZP no quiso hacer en dos años lo debe hacer en dos meses si no quiere que España tenga que ser rescatada al estilo griego.

Pero al margen de esas reformas sectoriales en el ámbito laboral o financiero, y al margen del tijeretazo en políticas sociales, la verdadera reforma que necesita urgentemente este país, y que ninguno de los partidos tradicionales ni de los que llevan 30 años en la poltrona quieren llevar a cabo es la reforma institucional y democrática; o dicho en negativo, la demolición de la partitocracia. Este es el cáncer de España después de treinta años de metástasis.

Los partidos políticos tradicionales han construido nuestra democracia y nuestro estado autonómico a golpe de pactos de gobierno y prebendas con los partidos nacionalistas, sin un plan de desarrollo estratégico como se le hubiera exigido a cualquier gestor al frente de una empresa o un proyecto. Está claro que el elefante burocrático de la Unión Europea, el Estado- cada vez más residual y con menos competencias -los 17 monstruos autonómicos, las 50 diputaciones-nido de enchufes, subvenciones clientelares-, los 9000 municipios, en quiebra técnica alguno de ellos, o incluso los órganos comarcales en algunas comunidades autónomas, hacen insostenible el sistema. Y evidentemente cada uno de estos ámbitos tiene su sociedad civil bien subvencionada y dócil, con su televisión y radio pública, con la red de subvenciones a los medios privados para que sean “leales” a los diferentes gobiernos.

Podemos recortar los sueldos a nuestros funcionarios, congelar las pensiones a nuestros mayores o negar derechos retroactivos a los más desfavorecidos que no tienen independencia personal, pero hasta que los partidos políticos no se hagan el “harakiri” y racionalicen las estructuras políticas no solucionaremos el problema de fondo.

Es el momento de plantearse por urgencia nacional la adecuación de esa sobredimensión de la estructura política a la realidad. Las nuevas tecnologías, el sentido común y la austeridad deben ser las herramientas para ajustar el sistema. Ventanillas únicas que sirvan de una forma eficaz, económica y ágil a los ciudadanos sin duplicidades ni burocracia innecesaria; reducción de los cargos políticos, cargos de confianza y empleados públicos al servicio de “facto” de los partidos de gobierno; reducción sustancial de sueldos de cargos públicos y subvenciones a partidos, sindicatos, fundaciones, entidades civiles; fusión de medios de comunicación públicos en consorcios que puedan emitir para el ámbito estatal, autonómico, provincial o local sin necesidad de cuatriplicar entes y estructuras, y prohibición de las subvenciones públicas y la inserción de campañas institucionales en medios de comunicación privados; una nueva ley electoral con listas abiertas y limitación de mandatos de los gobernantes para alejar de la política a personajes que pretenden convertir la vocación en una profesión vitalicia, junto a la obligación legal de realizar primarias en los partidos junto a la publicación de los bienes de los cargos públicos antes de comenzar y al finalizar la actividad política, serían solo algunas de las muchas medidas que podemos tomar para adelgazar el gasto público en partidas innecesarias o superfluas y centrar la recaudación de las administraciones en contratar maestros, policías, jueces, médicos, enfermeros y otros profesionales que contribuyen a prestar mejores servicios sociales.

Es tan sencillo como diferenciar entre lo importante y lo innecesario. Los partidos que han gobernado en estos 30 años a nivel nacional, autonómico o local hasta la fecha han vivido de las vacas gordas, de la bonanza económica, de los fondos europeos, como auténticos nuevos ricos. Pero la fiesta se ha acabado y ahora o reformamos y renovamos nuestro sistema político, nuestras instituciones y nuestras administraciones o seremos de por vida un país endeudado por vivir por encima de nuestras posibilidades.
¿Qué sentido tiene que empresas, autónomos, familias y ciudadanos en general, se ajusten el cinturón, cierren sucursales, traspasen negocios, suspendan vacaciones, vendan sus domicilios o reduzcan su consumo-incluso una buena parte de la sociedad empiece a pasar penurias- y los que gobiernan no tomen nota y sigan sin tomar decisiones contundentes que racionalicen el sistema político y las Administraciones?

Pero esta reforma a diferencia de otras es la principal, no es tan solo circunstancial, que también, sino estructural. Con crisis o sin crisis, con un 20% de paro o con un 8%, necesitamos una reforma democrática e institucional para dejar de ser súbditos y pasar a ser ciudadanos, y para tener una administración moderna, sostenible económicamente que no esté al servicio de los partidos políticos y sí de los ciudadanos.