Las mujeres peruanas, víctimas del machismo en los tribunales

Presas de la cultura machista y la violencia doméstica en sus hogares, las mujeres peruanas se encuentran además con un sistema de justicia que en muchas ocasiones justifica la actitud del agresor.

El año pasado -en el que hubo un aumento de un 40 por ciento de casos de violencia familiar con respecto a 2005- hubo 139 mujeres víctimas del feminicidio y 64 que sobrevivieron a los ataques de sus parejas, mientras que este año, hasta marzo último, ya han sido 29 mujeres asesinadas y hubo intentos de matar a otras 17, según cifras del Ministerio de la Mujer.

El promedio es de "diez mujeres asesinadas cada mes. Esta cifra es oscilante y es probable que tienda a subir (durante el año)", manifestó a Efe la jefa de asesoría legal del Programa Nacional contra la Violencia Familia y Sexual del ministerio, Marta Rivera.

El número de casos de violencia familiar atendidos por los 92 centros de emergencia dirigidos por ese programa en todo el país han pasado de 28.671 en 2005 a 40.882 durante 2009. En los primeros meses de este año, esos centros han atendido 9.970 casos para asesorar a las víctimas en la presentación de denuncias, solicitar medidas de protección y recibir atención sanitaria, apuntó Rivera.

Casi cuatro de cada diez mujeres (39 por ciento) reconoció ser maltratada por su esposo o compañero, pero en las regiones andinas esa cifra aumenta a la mitad de la población femenina, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). "Lo que ocurre en Perú es que se considera que la violencia no es un problema grave y que, en realidad, está justificada en determinados casos", declaró, por su parte, la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Teresa Hernández, de la adjuntía de la Mujer.

Según la abogada, la sociedad en general encuentra justificada la violencia cuando la mujer no cumple el rol que "debe" cumplir: no atiende adecuadamente a su pareja, no pide permiso para salir o se demora en la calle. "Cuando estas conductas son realizadas por las mujeres, se consideran inadecuadas y que merecen castigo, por eso creemos como hipótesis que los operadores de justicia (policías, fiscales o jueces) tienen este criterio, y por eso las denuncias no se tramitan con la prioridad y la urgencia que debiera ser", indicó Hernández a Efe.

La adjuntía para los Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo trabaja actualmente en el estudio de los expedientes de los casos de feminicidio en cinco regiones del país que registran los mayores niveles de violencia.

Hernández y su colega Patricia Sarmiento encontraron que hay mucha renuencia entre los operadores de justicia para dar medidas de protección más contundentes, y en más de la mitad de los casos se conforman con instar al agresor a que deje de ejercer la violencia, sin optar por medidas como las órdenes de alejamiento o la retirada de armas.

Según las denuncias registradas por el Ministerio Público (fiscalía), el 18 por ciento de mujeres asesinadas en Perú solicitó una medida de protección y en algunos casos denunció ser víctima de violencia hasta en dos oportunidades.

"Son muy pocos los jueces que establecen medidas de protección efectivas" y además "hay bastante desconocimiento de las normas nacionales e internacionales que son fundamentales para resolver estos casos", como la convención interamericana de Belem do Pará (1994) para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer, apuntó Sarmiento.

Tanto las víctimas como sus agresores son jóvenes, entre los 18 y 35 años, y en un 66 por ciento mantenían una relación sentimental con el agresor, de acuerdo a los datos del Ministerio de la Mujer. En el 38 por ciento de los casos, el agresor aduce que mató a su mujer por celos y en otro 36 por ciento por infidelidad, venganza, porque quiso irse de la casa o iniciar una nueva relación sentimental.

El 34 por ciento de estas víctimas murió por acuchillamiento, un 26 por ciento por golpes y un 15 por ciento por disparos. Cuando los agresores son capturados y sometidos a la justicia, suelen invocar el beneficio de la confesión sincera o el homicidio por emoción violenta, que les reduce la condena a menos de 15 años de prisión, indicó Sarmiento.

"Finalmente, se crea un clima de impunidad que agrava la situación, porque otro agresor va a pensar que no le va a pasar nada" si comete el mismo delito, agregó la abogada.