El paradigma de Cajasur

Cuando en marzo del pasado año el Banco de España intervino Caja Castilla La Mancha, muchos fueron los que auguraron que a dicha intervención le seguirían otras tantas. Poco más de una año después, le ha tocado el turno a Cajasur, quien ha preferido caer en manos del Banco de España que ser absorbida por Unicaja. Lo preocupante de este hecho no es la propia intervención en sí misma, sino la sospecha -casi certeza- de que no es la única entidad de estas características en apuros. Mala noticia, además, para la credibilidad que la economía española busca con ahínco a ojos vista de unos mercados financieros que, sin duda, descontarán negativamente este dato a la hora de valorar posibles inversiones.


Los problemas de Cajasur tampoco son exclusivos. Antes al contrario, sus males son endémicos del mapa de cajas de ahorro españolas: crisis financiera global, hundimiento de la construcción -una de las principales áreas de negocio de las cajas-, relaciones con personajes cuyas intenciones estaban siempre al albur de la especulación y demás intereses opacos y, sobre todo, la ingerencia política. En suma, las cajas hacen economía de la política, en lugar de gestión económica. En el caso de Cajasur, el intento de controlarla por parte de la Junta de Andalucía supuso para la entidad una parálisis institucional que a la larga le ha pasado factura; basta ver los resultados.


Serán tres administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria -FROB- quienes rijan a partir de ahora los designios de Cajasur. En este sentido, es interesante recordar que cuatro comunidades autónomas -Madrid, Cataluña, Galicia y Extremadura- tienen interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa del citado FROB, por considerar que invade sus competencias. Dejando a un lado que el artículo 149.1º.11 de la Constitución dispone la competencia exclusiva del Estado en materia bancaria, llama la atención el egoísmo y la irresponsabilidad de la España autonómica, puesta de manifiesto en casos como el que nos ocupa. En base a ello, si en cualquiera de las cuatro comunidades autónomas que han recurrido al Constitucional hubiese problemas con sus respectivas cajas, ¿Solucionarían ellas solas el problema, o acudirían raudas y veloces al socorro del Banco de España? Un poco de sentido común, por favor. Y de paso, atención al caso de Cajasur, no vaya a ser que vayan más detrás.