El PSOE vuelve a la carga contra el Tribunal Constitucional

Las supuestas razones que llevaron ayer al presidente de la Generalitat, José Montilla, a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, fueron las de defender Estatut y reivindicar el uso de las lenguas cooficiales. A propósito de ésto último, el sinsentido de un español dirigiéndose a otros españoles con necesidad de traducción simultánea en su propio país-tres traducciones simultáneas, para ser exactos-, revela hasta qué extremos de ridículo y despilfarro ha llegado el desbarajuste autonómico.

Porque España, aunque no lo parezca, es un estado autonómico. Y no lo parece porque la voracidad del los partidos nacionalistas -PSC incluido- hace mucho tiempo que empezó a fracturar conceptos tales como que los impuestos se imponen y recaudan a ciudadanos individuales, solidaridad fiscal, corresponsabilidad financiera o simplemente solidaridad entre regiones. Ahora, además, cabe atribuirles otro “mérito” más, cual es el de actuar como martillo pilón de las atribuciones del Tribunal Constitucional. Si hace unos días era Artutr Mas el que pedía al TC que se inhibiese en el recurso contra el Estatut, ayer era Montilla el que amenazaba con las consecuencias que tendría una sentencia desfavorable.

Lo peor es que sus demandas de renovar ipso facto a los magistrados del TC han calado en el PSOE, hasta hace pocas fechas partidario de “no cambiar al árbitro en mitad del partido” -Bono dixit-. Montilla contó con el apoyo expreso del vicepresidente “florero”, Manuel Chaves y, sotovoce, del presidente del Senado, Javier Rojo. La renovación la debería haber tramitado el Congreso hace tiempo pero los políticos han convertido las amplísimas mayorías que establece la ley, para estimular un consenso sobre candidatos idóneos, en una rebatiña de cuotas. Así las cosas, hay que conformarse con lo que tenemos que goza de plena legalidad. En todo caso, poco les han durado a los socialistas sus atisbos de sensatez en algo tan necesario como obvio: la necesidad de defender la labor de los magistrados del Constitucional. Ayer también se rebasó este límite, traducción simultánea incluida. Mientras, el FMI leía la cartilla a Zapatero. Para que luego haya quien se extrañe de que los inversores miren con recelo a España.