El federalismo fiscal

El impuesto al cheque fue una novedad tributaria introducida por Brasil en 1997, cuando la debilidad de las cuentas fiscales y la preservación de la moneda hacían imperioso asegurar el equilibrio presupuestario. Muchos fueron los recursos captados con este impuesto, pero este hecho positivo no pudo ocultar que se trataba de una iniciativa perjudicial para las actividades productivas, especialmente las licitas que no admiten desvíos extraños. El caso es que hace ya tres años el Congreso brasileño decidió eliminarlo por considerarlo un gravamen antiproductivo. La Presidente argentina anuncio la posibilidad de eliminar este gravamen en el futuro, pero este debate no ha prosperado y está ahora centrado en discusiones de cómo se debería repartir su recaudación entre la Nación y las Provincias. El tema es crucial por la concentración de recursos fiscales en la Casa Rosada, que actualmente distribuye automáticamente a favor de las provincias apenas la cuarta parte del total de la recaudación nacional de impuestos; recordemos que la última ley de coparticipación, sancionada en 1988 por Alfonsín con el apoyo del peronismo entonces conducido por Antonio Cafiero, establecía una distribución automática a favor de las provincias del 57,66 de la recaudación nacional de impuestos. Cuando se escriba la historia de estos años será señalada como la etapa de la República Unitaria, por la dependencia creciente de los gobiernos provinciales del favor del poder ejecutivo nacional. Las provincias tienen dificultades para afrontar sus gastos en educación, salud y seguridad, responsabilidades a su cargo. El gobierno nacional realiza transferencias de fondos a favor de las provincias por fuera del régimen de coparticipación, pero al no existir normas que las regulen esta práctica debilita la autonomía provincial. La situación es inequitativa ya que concentra los recursos a nivel nacional y agrava los desequilibrios entre provincias, pero además, no promueve el deseable control del aumento del gasto público provincial y hace que el desempeño de los gobiernos provinciales sea dependiente de las transferencias discrecionales de la Nación. Hay provincias donde el empleo público aumento desde el 2002 entre un 70 y 85 por ciento (Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes y Neuquén).

Hay que apuntar a coparticipar los impuestos sobre la base de criterios objetivos que apunten a mejorar el buen gobierno y la equidad. Los criterios de distribución deberían tener en cuenta los niveles de pobreza e indigencia de cada provincia. Además deberían alentar el esfuerzo tributario local y tener en cuenta indicadores medibles para mejorar la calidad del gasto provincial, a saber (a) mejora en la cobertura y calidad de la educación (b) mejora en la cobertura y calidad sanitaria y (c) disminución de los delitos y de los accidentes viales, es decir más seguridad . Es importante que existan incentivos fuertes para mejorar la vida de la gente. Ademas, la aplicación desmesurada de impuestos a las exportaciones ha sido el instrumento elegido por el gobierno para centralizar unitariamente la caja, porque estos impuestos no se coparticipan a las provincias. Pero mientras sigamos gravando las exportaciones sin prestar atención a la existencia o no de ganancias, en una visión muy primitiva de la política tributaria, será difícil que el sector exportador sustente un proceso de crecimiento. Este debate por la ley del cheque ha puesto sobre el tapete la necesidad impostergable de una reforma tributaria que comprenda además los criterios aplicables a la coparticipación de impuestos a favor de las provincias. No será un debate fácil por la enorme complejidad de la cuestión, pero es impostergable si se desea fortalecer no solo el federalismo y la autonomía financiera de las provincias, sino también la vigencia de normas fiscales que apunte a disminuir la pobreza y la indigencia. Esperemos que quienes aspiran a gobernar a partir del año próximo comiencen ya a ocuparse de esta cuestión fundamental.