José Manuel Cuenca Toribio | Jueves 03 de junio de 2010
Catalanista convicto y confeso, sometido a un sentimiento español de estricta observancia y a un cosmopolitismo de riguroso cumplimiento, el cronista, espectador anhelante de la última peripecia jurídica del Estatut de Catalunya, cree que nada será igual en España una vez pronunciada por el Tribunal Constitucional la polémica sentencia acerca de su legalidad.
Sin embargo, a fin de no perder la siempre provechosa perspectiva histórica y mantener la serenidad frente a las turbulencias de la actual atmósfera política, ha buscado en el pasado eventuales precedentes del lenguaje empleado por la clase dirigente hodierna del Principado con relación a “Madrid”. Su rebusca en textos de un ayer cronológicamente lejano –empresa, por lo demás, nada dificultosa y al alcance del más modesto explorador por la literatura historiográfica de un mínimo porte y alcurnia- se ha visto favorecida con piezas a la vez fruitivas y esclarecedoras de uno de los contenciosos más prolongados y dolorosos de la identidad española contemporánea. Apenas iniciado el siglo XX, en abril de 1904, con motivo de explicar su inasistencia a los actos que celebrarían la llegada a Barcelona del joven y flamante rey Alfonso XIII, los firmante del manifiesto dado a la luz por la dirigencia de la Lliga, afirmaban “…Hay que recordar que Cataluña, desde el día siguiente de la unión de las Coronas de Aragón y Castilla, es víctima de la influencia y dominación perturbadora de la raza políticamente dominadora de España… En otros tiempos, la protesta fue personificándose con Claris y Casanova; más adelante, con revueltas y disturbios, y últimamente con los mensajes a los Reyes, las exposiciones a los Gobiernos responsables y la representación enviada por el catalanismo al Congreso de Diputados del Estado español…” En la célebre proclama redactada a propósito de las cruciales elecciones de abril de 1916 –Per Catalunya i l´Espanya gra-, se declaraba: “No se hagan ilusiones en Madrid: la cuestión de Catalunya no se resolverá con violencias, ni con Kulturkampf, ni con traiciones de viejos patriotas, ni con habilidades de gobernantes maestros en ganar elecciones, encarcelando a electores contarios y distribuyendo, con violación de todas las leyes, favores y amenazas La única solución es una franca y completa autonomía”. Ésta volvía a ser demandada por enésima vez en un importante documento redactado en el otoño de 1918, en el que los aires wilsonianos daban aliento a todas las propuestas nacionalistas a lo largo y ancho del viejo continente. Por aquellas kalendas, la “Escola de Funcionaris” dependiente de la Mancomunidad, solicitó la opinión de los municipios del Principado acerca del auto-gobierno. Su contestación positiva articuló las bases del documento presentado al Conde de Romanones –presidente del consejo de Ministros a la sazón- el 29 del XI de 1918. El broche del escrito reivindicador era el siguiente: “Para dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre autoridades y Gobierno del Estado y los del Poder Regional, se constituirá un Tribunal mixto que, además de la facultad de resolver las cuestiones jurisdiccionales, tendrá la de declarar la nulidad e ineficacia de toda disposición legislativa o gobernativa, tanto emanada del Estado como del Poder Regional, que invada la esfera asignada respectivamente a la soberanía de uno u otro”.
Las leyes del reino periodístico impiden continuar, al menos por hoy, con tan instructiva antología. Sean cuáles sean las conclusiones que el amable lector extraiga del florilegio susomentado, una conclusión se impone en tal delicada y trascendente materia. Hay que apostar indesmayablemente por el diálogo. Así se hizo casi siempre por “Madrid” y también en muchas ocasiones por Barcelona y nada ni nadie ha de sacar el tema de este marco, fuera del cual no hay salvación. De esta forma lo entendieron las generaciones precedentes y así habrán de entenderlo las del presente y las del futuro.
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