"La congelación de las pensiones es una violación del Pacto de Toledo"

Las principales organizaciones de mayores se han mostrado contrarias a la medida de recorte social del gobierno de Zapatero de congelar las pensiones porque atenta contra los más débiles y "supone una violación del Pacto de Toledo". Creen que es una grave equivocación porque "es injusta y sus costes políticos y sociales son muy superiores a su menguada aportación económica".

Las organizaciones de personas mayores han criticado duramente el plan de recortes para superar el déficit que ha puesto en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero porque, consideran que se ha ido a lo fácil y al final pagan los más débiles, los que menos se pueden defender.

Así, el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), Luis Martín Pindado, en declaraciones a EL IMPARCIAL, se ha mostrado en contra de la medida, pero ha apuntado que no pueden responder, primero porque el Gobierno ha aprobado la congelación por decreto y, segundo, porque ellos no se pueden poner en huelga: "Llevamos en huelga desde que nos jubilamos".

Martín Pindado considera que "la congelación de las pensiones debe ser una medida transitoria y puntual, complementaria de otras que afecten a empresas, entidades bancarias y rentas altas". En esta línea, avisa a la administración que "rebajar el poder adquisitivo de los pensionistas no debe ser una solución a largo plazo".

Igualmente, desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) se ha destacado que "el mayor es una pieza débil, es fácil atentar contra sus intereses desde la cruda mirada política". Recuerdan, además, que los jubilados constituyen "un grupo económicamente desfavorecido y precario", ya que la tasa de cobertura es escasa y la pensión media representa aproximadamente el 60 por ciento del salario medio convenido.

Hacen también especial hincapié en que el jubilado no tiene posibilidad alguna de mejorar sus ingresos y que la pensión es incompatible con cualquier otro trabajo, excepto en los jubilados a tiempo parcial, que son sólo 30.000.

Violación del Pacto de Toledo
De esta forma, el presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte ha señalado que "sólo faltaba que también se vieran afectados los más pobres entre los pobres" y se pregunta "¿dónde ha quedado el compromiso del presidente del Ejecutivo de no tocar el gasto social?".

CEOMA ha explicado que la suspensión de la revalorización de las pensiones para 2011 es "una grave equivocación” porque atenta contra derechos y principios fundamentales. Entienden que es un recorte injusto y “sus costes políticos y sociales son muy superiores a su menguada aportación económica". Por ello, apuntan que "hay otras partidas de gasto que pueden recortarse y que, sin duda, todos los ciudadanos entenderían".

Del mismo modo, CEOMA considera que la medida es políticamente equivocada porque supone una violación del Pacto de Toledo, que es una de las escasas instituciones político-jurídicas útiles para regular las pensiones, uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar.

Desde esta confederación se recuerda que la Revalorización Anual Obligatoria de las Pensiones procede de este ámbito deliberativo y que se formalizó en la Ley 24/1997, de "Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social”, por lo que “no se puede reescribir la historia todos los días".

No compensa económicamente
En la línea de críticas a la medida, creen igualmente que es económicamente poco relevante según las cifras que se han dado. "Los costes no compensan ni de lejos los ahorros", es una grave equivocación porque “es injusta y sus costes políticos y sociales son muy superiores a su menguada aportación económica".

Por todo ello, desde CEOMA, que representa a más de un millón de socios y casi 1.500 asociaciones y abarca a 39 organizaciones de mayores de las distintas comunidades autónomas, se manifiesta su “oposición radical a tan magno desafuero” y piden a los responsables políticos y sociales que retiren la medida planteada.

Lamentan que esta medida transmite el "mensaje demoledor de que para conseguir un fin vale cualquier medio". Además, opinan que se han sacrificado principios esenciales como la sujeción al marco Institucional, el respeto a los mayores, la solidaridad intergeneracional y la equidad en el reparto de sacrificios, entre otros.

Falta de representación
En este sentido, el presidente de UDP ha insistido en que, aunque la cuantía que van a perder las personas mayores no va a ser tan grande como la de los funcionarios y es difícil movilizar a los jubilados porque no a todos va a afectar por igual,"estas medidas de urgencia deben considerarse temporales, a la espera de reformas más profundas en el sistema de pensiones que deben salir consensuadas de la Comisión del Pacto de Toledo en el que los jubilados no tenemos representación pese a nuestras peticiones y el compromiso del presidente".

Luis Martín Pindado ha recordado que "de la Comisión deben salir decisiones esenciales sobre ampliación de la edad de jubilación, la ampliación del periodo de cálculo, prejubilaciones, compatibilidad entre pensión y trabajo, etcétera".

Considera que "es responsabilidad del Gobierno asumir las medidas necesarias para reducir el déficit público, si bien éstas deberían haberse tomado con anterioridad y explicándolas previamente a la sociedad".

En cualquier caso, desde UDP, que representa a más de 1.200.000 jubilados desde hace más de 33 años de existencia, se ha señalado que su postura no pretende ser de confrontación con el Gobierno en las actuales circunstancias, pero no quieren que "paguen el pato siempre los mismos".

Palo al estado de Bienestar
Por otra parte, el tan repetido desde el Ejecutivo cuarto pilar del Estado del Bienestar, la protección de la Dependencia, también se va a ver seriamente afectada, ya que de igual modo va a costear la crisis al decidir el Gobierno suprimir la retroactividad en el pago de las prestaciones desde su solicitud, estableciéndose que no se va a demorar más de seis meses el pago de las mismas.

La directora gerente de CEOMA, Raquel Manjavacas, se pregunta "¿cómo va a ser posible que se resuelvan los expedientes en menos de seis meses si no prevé mayor dotación económica para la Ley de Dependencia?".

Manjavacas recuerda que"una vez más, son las personas mayores y las que están en situación de Dependencia las que sufrirán especialmente la terrible crisis que nos afecta" e insiste en que en ningún caso puede argumentarse que estos ciudadanos son insolidarios con el resto de la sociedad ya que"ellos también se ven afectados por las medidas genéricas impuestas por el Gobierno, como la subida del IVA prevista para el mes de julio".