LA TERCERA OPORTUNIDAD

Mariano Rajoy ha despejado las dudas sobre su continuidad al frente del PP asegurando que nunca se le pasó por la cabeza dimitir, a pesar de que muchos interpretaran el gesto triste de su mujer y su “adiós” desde el balcón de Génova en la noche electoral como una despedida. El líder de la oposición pide una nueva oportunidad, alegando que Aznar y González también perdieron dos veces antes de llegar a la presidencia.

Técnicamente puede que Rajoy tenga razón, pero, desde luego, el dirigente popular no ha estado muy afortunado en su comparación. En primer lugar, Felipe González tuvo que hacer frente al reto de sacar adelante un PSOE recién legalizado, y convertir la formación clandestina que había sido durante décadas en un partido de masas capaz de gobernar. Por su parte, Aznar recogía el testigo de una Alianza Popular marcada por la figura de Manuel Fraga, un hombre del régimen franquista, y con una cosecha de votos que le situaba muy lejos de plantearse siquiera la posibilidad de vencer. Aznar supo transformar este partido en una opción de centro-derecha y llevarlo hasta la presidencia.

Desde luego, éste no es el caso de Rajoy, que se presentó por primera vez a unas elecciones con un colchón de más de diez millones de votos, a pesar del desgaste que supone casi una década en el poder, y como candidato de un partido con ocho años de experiencia de gobierno. Así pues, Rajoy no tiene excusa. Fracasó una vez y no supo leer los síntomas de agotamiento que presentaban los dirigentes populares. Mantuvo en su equipo directivo a los responsables de la derrota de 2004 y ha vuelto a fracasar. Ya van dos. Para terminar de arreglarlo, después de la derrota electoral, Acebes realizaba esta semana unas declaraciones en las que acusaba al PSOE de haber atraído al voto “radical”, mientras que, aseguraba, el PP se había ganado el voto “moderado”. Lo primero es cierto pero lo segundo resulta más que discutible. El secretario general del PP concluía alabando los excelentes resultados conseguidos por su partido con una sonrisa de oreja a oreja. Todo lamentable. Para empezar, sus palabras son una falta de respeto hacia sus propios votantes, que confiaban en el PP como una fuerza que aspira a gobernar y no a conformarse con obtener cinco escaños más de los logrados en 2004.

Mientras tanto, Rajoy se ha asegurado de dejar fuera del Parlamento a las dos figuras con más opciones de disputarle el puesto, Aguirre y Gallardón, por lo que el candidato popular tiene vía libre en su carrera hacia los comicios de 2012. Con demasiada frecuencia ha dado la impresión que la política de Rajoy durante la pasada legislatura y toda la campaña se ha centrado más en asegurarse la oposición que en conquistar la Moncloa. Si insiste en mantener los mismos equipos, puede perder ambas cosas.

RUIDO DE SABLES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La recusación que ha estimado el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) contra dos de sus magistrados, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, es algo más que una simple resolución. Siendo el TC el máximo garante de la constitucionalidad de nuestro actual ordenamiento jurídico, resulta cuando menos pernicioso tachar a sus miembros de “conservadores” o “progresistas”. Más aún, es el “intérprete supremo de la Constitución “, según reza el art. 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Tan importante es que la propia Carta Magna le dedica un Título entero, el noveno, cuyo artículo 159 recoge el sistema de nombramiento de sus miembros. Además de un error, es intelectual y académicamente insultante prejuzgar la labor de los magistrados por sus posibles tendencias ideológicas. Por encima de ellas, está su profesionalidad.

El sistema de designación de los miembros del TC es fuente incesante de conflictos: de sus doce jueces, ocho lo son a propuesta de las Cámaras (Congreso y Senado), dos más del Gobierno, y a los dos restantes los propone el Consejo General del Poder Judicial. Y uno más de esos conflictos ha llegado con esta recusación. Las numerosas críticas que denuncian que “nunca había pasado algo semejante en España”, contribuyen a enrarecer más este sistema. La separación de poderes debería evitar que el Ejecutivo diese instrucciones contra el Tribunal Constitucional. También el legislativo -es decir, los partidos políticos representando a la nación- ha de mantenerse al margen para contribuir al fortalecimiento de la democracia. Y habida cuenta de la clara tendencia bipartidista por la que se han decantado los españoles, tanto PP como PSOE han de actuar permitiendo al Tribunal Constitucional ejercer su labor sin trabas. Designación, sí, intromisión, no.


PROBLEMAS CON BRASIL

En base a la política de reciprocidad en la que se basan las relaciones internacionales brasileñas, las autoridades de este país han impedido en las últimas semanas la entrada en Brasil a 21 españoles. Desde el año pasado se viene fraguando un problema diplomático que ha estallado en las últimas semanas. En lo que llevamos de año, 750 ciudadanos brasileños han sido expulsados de España, nada más aterrizar en Barajas. El enorme incremento de inmigración ilegal de los últimos años, ha endurecido el control en los aeropuertos españoles. Desde la parte brasileña se acusa a las autoridades españolas de realizar las expulsiones de forma aleatoria y denigrante. La gota que colmó el vaso llegó la semana pasada cuando 30 brasileños, entre ellos algunos investigadores de camino a un congreso en Oporto, fueron devueltos, desde Madrid a Brasil después de pasar un día retenidos en Barajas. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya ha acordado reunirse con su homólogo brasileño, Celso Amorim, a finales de este mes para encontrar una solución.

Es bueno y necesario mantener las relaciones con Brasil en el mismo nivel de amistad y concordia en el que ha estado siempre. Sin embargo, no está de más dejar claros ciertos criterios con el objeto de controlar el drama de la inmigración ilegal. Tampoco hay que olvidar que existen normas y derechos internacionales que han de ser respetados. Hay que evitar la entrada masiva de inmigrantes ilegales, fijando con claridad cuáles son los requisitos exigibles a todo aquél que entra en nuestro país. Pero es inconcebible que se caiga en tratamientos discriminatorios y vejatorios, tal y como han denunciado los estudiantes brasileños que se vieron afectados por la expulsión de la semana pasada. Respetar las leyes sí. Pero en todos los sentidos.