El Salvador planta cara a la violencia de las 'maras'

El combate a la violencia abrió un debate en El Salvador, que va de la exigencia ciudadana de endurecer la lucha contra este fenómeno a propuestas de la oposición de cárceles especiales, mientras el Gobierno trabaja en la persecución penal de las pandillas (maras) y los grupos de exterminio.

Un sondeo de la firma JBS difundido por el Diario de Hoy mostró que mientras un 37,2 por ciento ve como solución para atajar el problema de la violencia aprobar leyes estrictas, un 22,9 por ciento pide la pena de muerte, un 7,5 por ciento exige generar empleo y un 5,2 por ciento ve la causa en la desintegración familiar.

La investigación, efectuada entre el 26 y 27 de junio sobre una muestra de 401 personas en San Salvador, se conoció después de que supuestos pandilleros de la Mara 18 (M 18) incendiaron el pasado 25 de junio un autobús causando la muerte de 16 personas.

Ese mismo día, un grupo de desconocidos atacó con balas otra unidad de transporte en una zona próxima al sitio del primer ataque, registrado en el municipio de Mejicanos (a tres kilómetros de San Salvador), en un hecho que dejó tres muertos.

Un 80 por ciento de los entrevistados respaldó que se persiga penalmente los integrantes de las pandillas, mientras un 97 por ciento opinó que la delincuencia se ha incrementado en los últimos días. El estudio se publica en momentos en que el Gobierno de Mauricio Funes prepara una propuesta que pondrá a consideración del Parlamento para modificar el Código Penal y una "Ley de Proscripción de Pandillas o maras y grupos de exterminio".

El viceministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Henry Campos, explicó a Efe que la ley busca un aumento de penas por la pertenencia a pandillas y grupos de exterminio, así como la persecución penal de la participación en estas agrupaciones. "La ley permite declarar nulo todo negocio, todo bien, incautar el mismo, decomisarlo y que además se disponga por las instituciones de esos recursos para sus programas de la política integral", detalló Campos.

Aclaró a periodistas que se trata de una "ley administrativa" y no penal, y aseguró que también buscan reformar el Código Penal para incorporar el delito de asociación, organización o agrupamiento de maras y grupos de exterminio y también un inciso sobre crimen organizado.

El principal partido de oposición, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), expuso el miércoles al Gobierno un plan de combate a las pandillas, que plantea, entre otros, la construcción de una cárcel para los criminales de alta peligrosidad, explicó a Efe el coordinador del equipo que redactó la propuesta, Mauricio Sandoval. "Es un concepto que plantea que los criminales de máxima peligrosidad deben estar totalmente aislados", sostuvo.

Incluso conjeturó sobre la posibilidad de que esa prisión puede llegar a construirse en una isla del golfo de Fonseca, que comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua, a fin de que se impida que coordinen delitos desde su sitio de reclusión.

Asimismo, proponen que el Ejército desarrolle operaciones especiales para capturar a los jefes pandilleros y retomar el control de las zonas donde tengan mayor incidencia esas organizaciones. Según el viceministro, se estima que las pandillas cuentan con unos 28.000 integrantes, que podrían incluso residir en el extranjero, y que esos grupos perciben mensualmente unos 800.000 dólares por extorsiones.