Ignorando el imperio de la ley

La entrada en vigor esta semana de la ley del aborto, ya de por sí polémica, venía acompañada de una suerte de insumisión jurídica por parte de dos comunidades autónomas, Murcia y Navarra. Se escudan en que, al estar dicha ley recurrida ante el Tribunal Constitucional, su aplicación debería quedar en suspenso hasta que se dicte sentencia. Por otro lado, y también con el Constitucional como telón de fondo, el Presidente del Gobierno y parte de su núcleo duro -María Teresa Fernández de la Vega y José Blanco- insinuaban la posibilidad de circunvalar el fallo del Estatut vía ley orgánica. Mientras, el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, se postula como cabeza de pancarta en la manifestación que este fin de semana recorrerá las calles de Barcelona en contra de la resolución judicial que acotaba los desafueros secesionistas del mencionado Estatut.


El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que “la jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español”. O lo que es lo mismo, el cumplimiento de las resoluciones judiciales, sean cuales fueren, es inexcusable. Y otro tanto pasa con las normas vigentes en el ordenamiento jurídico español. Ya lo dice el artículo 6 del Código Civil: “la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento”. En un Estado de Derecho, las sentencias se acatan y las leyes se cumplen. Sin más componendas. Pero si quien tiene que dar ejemplo en el escrupuloso respeto del imperio de la ley, la clase política, es la primera en retorcerlo, mal vamos.


Ahora bien, siendo intolerable la actitud de determinados servidores públicos hacia lo que no les es grato de cumplir o acatar, lo anteriormente citado pone sobre la mesa un problema obviado por muchos, pero de una gravedad poco conocida: el vaciado paulatino de poder del Estado. En virtud de una descentralización interpretada y manipulada a su antojo por grupos nacionalistas y secesionistas, las comunidades autónomas se han convertido en una suerte de reinos de taifas con la atribución de unas competencias que, cada vez más, erosionan la auctoritas de un Estado sin autoridad. Por no hablar del enorme coste económico que supone la duplicidad de competencias, en muchos casos mal llevadas a cabo tanto a nivel autonómico como estatal. Un país no es de fiar si hay desgobierno en sus instituciones y si los encargados de poner orden son copartícipes de dicho desgobierno. Este tipo de despropósitos, si proceden de autoridades del Estado, es lo que ahuyenta a eso que el señor Blanco llama “los especuladores”; es decir, los inversores –extranjeros y propios- a quienes les pedimos dinero porque lo necesitamos