Propone a Montilla tratar aspectos inconstitucionales del Estatut
Miércoles 14 de julio de 2010
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha arrancado este mediodía su intervención en el debate sobre el estado de la nación reconociendo que el último año ha sido "duro" y "muy difícil" para muchos ciudadanos. La crisis ha centrado un discurso en el que ha anunciado que corregirá cualquier desviación que se produzca respecto de los objetivos de consolidación fiscal y ha avanzado que el PIB creció en el segundo trimestre. Los partidos de la oposición no ven nada nuevo en su intervención excepto la propuesta de elevar la edad de jubilación.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha arrancado este mediodía su intervención en el debate sobre el estado de la nación reconociendo que el último año ha sido "duro" y "muy difícil" para muchos ciudadanos. La crisis ha centrado un discurso en el que ha anunciado que corregirá cualquier desviación que se produzca respecto de los objetivos de consolidación fiscal y ha avanzado que el PIB creció en el segundo trimestre.
Antes de dar paso a la intervención del jefe del Ejecutivo, el presidente del Congreso, José Bono, ha querido recordar a Pons, con un homenaje y un minuto de silencio a quien presidió la Cámara entre 1986 y 1996, fallecido el pasado día 2 en Palma.
El grueso de su intervención ha versado sobre los recortes aprobados y las reformas en marcha para hacer frente a la crisis, aunque el primer asunto en el que se ha metido de lleno ha sido el Estatuto de Cataluña. En un mensaje dirigido a tranquilizar a las fuerzas catalanistas de la Cámara, ha garantizado que está dispuesto a evaluar la posibilidad de que algunos aspectos declarados inconstitucionales puedan abordarse mediante modificaciones legales y en diálogo con la Generalitat de Cataluña.
Zapatero ha asegurado que analizará con la Generalitat cómo recuperar "por el cauce constitucionalmente procedente" los aspectos del Estatuto de Cataluña que hayan sido anulados por el Tribunal Constitucional por razones de forma. Según ha dicho, ahora es su "obligación" contribuir al "desarrollo y aplicación del Estatut y para ello analizará con la Generalitat "la posibilidad de que algunos de los aspectos que han sido declarad os inconstitucionales no por razones de fondo, sino del tipo de norma" puedan ser abordados "como indica el propio Tribunal, por el cauce constitucionalmente procedente".
Zapatero ha dejado claro que actuará así no sólo por obligación, sino como muestra de que su Ejecutivo "no recela del autogobierno, sino que lo reconoce, y que no teme la fuerte identidad política de Cataluña, sino que la respeta".
Reducción del Déficit
Tras este apartado, ha abordado los problemas económicos que atraviesa el país y, aunque ha señalado que todos los indicadores apuntan a que se ha crecido de nuevo en el segundo trimestre, ha garantizado que su prioridad será mantener "a rajatabla" el compromiso de austeridad y reducción del déficit y aplicar su programa de reformas.
Zapatero ha afirmado que el Gobierno corregirá cualquier desviación que se produzca respecto de los objetivos de consolidación fiscal fijados "en cuanto el riesgo sea detectado". El jefe del Ejecutivo deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo tome nuevas medidas para reducir el saldo negativo de las cuentas públicas, una de las máximas prioridades del Gobierno en estos momentos. Zapatero afirmó también que el Gobierno está "decidido" a atender la llamada de Europa para reducir el déficit de forma "más rápida".
Además, resaltó la necesidad de culminar "con ambición" todas las reformas estructurales que se han puesto en marcha para anticipar la vuelta a un crecimiento capaz de reducir la tasa de paro y sentar las bases de un crecimiento económico sostenible para las próximas décadas.
Zapatero, quien ha apelado en reiteradas ocasiones a un "esfuerzo colectivo", ha defendido los recortes aprobados convencido de que se han aplicado con "equidad y justicia" y, sin desvelar detalles, ha avanzado que en el proyecto de presupuestos para 2011 habrá nuevas manifestaciones de ese "reparto equitativo del esfuerzo". Por lo tanto el Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2011, pedirá más esfuerzo a los ciudadanos para preservar el estado del bienestar, basado en las cuatro "firmes columnas" que son la educación y la sanidad pública, las pensiones y ahora la dependencia.
Ahora, ha subrayado, es el momento de culminar "con ambición" todas las reformas estructurales para acelerar la reducción de la tasa de paro y sentar las bases de un crecimiento sostenible, sin incrementar el gasto público.
Crece el PIB
Por otra parte, el presidente del Gobierno ha asegurado que los indicadores de actividad de los últimos meses apuntan a que la economía española "previsiblemente" creció en el segundo trimestre del año, al tiempo que adelantó crecimientos intertrimestrales "positivos y neutros" en lo que queda de año y una tendencia apreciable a mejorar a partir del último trimestre, también para el empleo. Reconoció, sin embargo, que el crecimiento aún es "débil" y está sujeto al riesgo de los efectos que puedan conllevar, en la segunda mitad del año, los ajustes fiscales adicionales que se están llevando a cabo.
Según el jefe del Ejecutivo, los últimos datos económicos representan "signos adelantadores" que inducen al Gobierno a mantener sus previsiones para el conjunto del 2010, que apuntan a una caída del 0,3%, con crecimientos intertrimestrales neutros o positivos a lo largo del ejercicio.
Las dudas sobre la banca son "infundadas"
En cuanto a la banca española, Zapatero aseveró que las dudas sobre la solvencia del sistema financiero español son "infundadas" y que "sólo se pueden combatir a través de la transparencia", por lo que defendió la publicación de las pruebas de estrés a la banca. Zapatero recalcó que despejar estas incertidumbres es decisivo para la recuperación del crecimiento económico, por lo que España abogó en el último Consejo europeo de la Presidencia española hacer públicos los resultados de las pruebas de esfuerzo. Este ejercicio de transparencia, que alcanzará a más del 95% del sistema, "permitirá que los mercados financieros conozcan perfectamente la situación del sistema bancario español y su capacidad de resistencia frente a condiciones adversas", recalcó.
Apoyo a la ley de cajas
Sobre la reforma de la ley de cajas, el presidente del Gobierno enfatizó que es "trascendente y necesaria", por lo que expresó su confianza en que la norma cuente con un amplio apoyo parlamentario, de las comunidades autónomas y de las organizaciones sindicales. Una vez concluida la reestructuración de las cajas, el Gobierno aprobó el decreto-Ley de reforma de su régimen jurídico con el fin de facilitar el acceso a la financiación, reforzar la solvencia, y profesionalizar los órganos de gobierno para mejorar la gestión.
Con la reforma, se dispondrá de un marco mas flexible para que las entidades puedan elegir, de acuerdo con sus propias características, el mejor perfil institucional, el que más les fortalezca y les permita prestar sus servicios en mejores condiciones. Según recordó, las cajas podrán emitir cuotas participativas con derechos políticos hasta el 50% de su patrimonio, e integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) cuya entidad central tendrá la naturaleza de sociedad anónima.
Unidad democrática ante Eta
Zapatero no se ha olvidado de recordar la importancia de mantener la "unidad democrática" contra ETA así como de la reforma de la ley electoral para impedir que quienes "utilizan las instituciones democráticas para apoyar el terrorismo" se cuelen en ellas. En la tribuna, Zapatero ha destacado cómo la banda terrorista ETA "ha seguido debilitándose" durante este año gracias a la "eficacia" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que "han descabezado, una y otra vez, su organización" y han impedido los atentados de "quienes siguen sin tener otro lenguaje que el de la violencia".
Ha celebrado que la unidad de las fuerzas políticas se ha concretado en las últimas semanas en la proposición de ley integral de ayuda a las víctimas del terrorismo, que actualiza y mejora la protección a quienes se han visto directamente afectados por los atentados; y en un informe sobre la reforma electoral que propone incrementar las "capacidades de actuación contra quienes utilizan las instituciones democráticas para apoyar al terrorismo".
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