Martes 20 de julio de 2010
Tras varias jornadas de huelga “a la española” -o lo que es lo mismo, incumpliendo los servicios mínimos y con todo tipo de desmanes perpetrados por los piquetes “informativos”-, los sindicatos de Madrid se han avenido a la última oferta de la empresa y han decidido desconvocar los paros. Hay en ellos una cierta sensación de triunfo, y no es para menos: verán su nómina reducida en algo menos del uno por ciento de su salario -unos veinte euros al mes- frente al cinco por ciento inicial que se les pretendía descontar. Conviene recodar que dicha rebaja salarial obedece al decreto de Zapatero por el que los funcionarios públicos verían reducidos sus emolumentos en un cinco por ciento, y no a un capricho de la dirección de Metro.
De este modo, la huelga de Metro ha servido para que todo el mundo quedase retratado. El Ayuntamiento de Madrid, siempre tan ansioso de sus competencias, se ha quitado de en medio para que fuese la Comunidad de Madrid quien se erosionase negociando con los huelguistas. También contrasta la actitud de los socialistas; mientras que Rubalcaba y José Blanco hacían un llamamiento a la cordura sindical y abogaban por el cumplimiento de los servicios mínimos, Tomás Gómez volvía a quedarse en fuera de juego apoyando una huelga que ha perjudicado enormemente a los madrileños. Mientras, las centrales sindicales se apuntaban al carro de una huelga en la que su protagonismo ha sido menor, toda vez que los sindicatos de Metro con verdadera representatividad no son ni UGT ni CCOO, sino los propios del sector. Así, la huelga ha supuesto unas pérdidas económicas considerables, ha causado graves trastornos a los madrileños y ha vuelto a poner en evidencia la necesidad urgente de una Ley de Huelga.
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