Un país de coña

Aparece definido en el Diccionario de la Real Academia Española la palabra “coña”, en su primera acepción, como “guasa, burla disimulada”. Si uno mira con una cierta distancia y alejado de las tertulias radiofónicas el mundo político español --lo que yo he podido hacer este curso académico poniendo mil quilómetros de por medio, pero quizá tenga la perspectiva distorsionada--, la verdad es que esta palabreja, que el Diccionario dice de uso vulgar, es decir, del pueblo, define bastante bien lo que está pasando en la política española. Como me los imagino (si es que hay alguien) ya en bañador o preparándolo para zambullirse plácidamente entre las olas del mar y también pienso que el frescor del agua rebajará la susceptibilidad epidérmica de muchos españoles cuando se trata de política, me permitirán que ponga algunos ejemplos, tratados medio en broma aunque son muy serios, para consolidar mi afirmación de que vivimos en un país de coña. Dicho sea esto sin pretender dar la impresión de que España es diferente, porque ahí tienen ustedes a Francia enzarzada en un vaudeville político-financiero, a Alemania preguntándose cómo es posible una tragedia como la de la Loveparade en un país dicho desarrollado, a Gran Bretaña con ministros que dimiten a los pocos días de ocupar el cargo porque la transparencia económica parece incompatible con la condición de parlamentario, a Italia..., bueno, el berlusconismo es un caso tan preocupante para un politólogo que merecería la pena estudiarlo aparte.

Vamos a los ejemplos. Primero: el principal problema de España es objetivamente el paro --aunque la base del problema no sea el paro en sí mismo sino el modelo productivo. Parecería razonable que a lo solución de este problema pusiésemos nuestras mejores inteligencias y nuestros mayores esfuerzos, pues bien, se aprueba un decreto-ley que plantea una muy necesaria aunque no sé si bien enfocada reforma laboral y los grupos políticos pactan para su convalidación en el Congreso un debate gris, con figuras secundarias, a la espera de que se tramite como proyecto de ley después del verano, no sabemos si también en una sesión plomiza en gris menor o ya con alharacas de gran sesión parlamentaria. Los diputados deberían dar la imagen de que este problema les preocupa de verdad, aunque supongo que hay muy pocos españoles, ni siquiera parados, que tengan la paciencia de ver en el canal 24h este tipo de retransmisiones. Por cierto, que si a la pobreza de argumentos y a la falta de claridad en su exposición se une un pésimo manejo del idioma, el resultado es lamentable. Tengo muy serias dudas de mi capacidad para manejar correctamente, no digo ya literariamente, la lengua de Cervantes, de Quevedo y de Ortega, y me cuesta hacer críticas y dar consejos en este asunto en el que cualquier medio profesor enseguida da lecciones, pero ¿no hay ningún filólogo entre las filas socialistas que pueda explicarle al ministro de Trabajo el mal uso del dequeísmo o que por lo menos le aconseje prestar atención durante los consejos de ministros al decir de ese gran retórico de buena argumentación que es Gabilondo?

Segundo, y siguiendo con el mismo tema de la reforma laboral. Más curioso resulta aún que los sindicatos se opongan a dicha reforma convocando una huelga general para finales de septiembre. Si el problema es tan grave, ¿por qué esperar tres meses? ¡Ah!, los meses de verano son meses perdidos, porque en España hace mucho calor y no se puede hacer nada, ni siquiera huelga, que es lo que se suele hacer durante el estío. La demora en la celebración de la huelga general, a pesar de su anticipada convocatoria, resulta todavía más llamativa porque en los mismos días los sindicatos organizaban una huelga en el metro de Madrid, sin cumplir con los servicios mínimos, porque el Gobierno de Aguirre les quería aplicar forzadamente la rebaja que el Gobierno de Zapatero ha aplicado a los funcionarios. Los sindicatos tenían miedo al fracaso de su convocatoria en julio porque la gente o está de vacaciones o pensando en ellas. De agosto, ni hablar. ¿Y principios de septiembre? ¡Huy, qué pereza, nada más volver de vacaciones ponerse a organizar algo! Nos pasa a todos. Pues nada, las huelgas, como las letras, a noventa días.

Tercero: no me dirán ustedes que no suena a cachondeo que sea un señor de un pueblo de Córdoba quien se ponga al frente de una manifestación catalanista de adelantado de una pancarta donde se leía “Som una nació. Nosaltres decidim”. Se lo dice alguien que piensa que no debería tener mayor problema el reconocimiento de España como “nación de naciones”, pues todas las grandes naciones europeas lo son, mientras no se ponga en cuestión la soberanía expresada en el primer artículo de nuestra Carta magna, y que en el fondo cree que uno debería elegir libremente su nacionalidad, aunque esto es más complicado de lo que pudiera parecer a primera vista y no sólo por motivos jurídicos sino metafísicos. Es posible que Montilla haya leído el Juan de Mairena y piense como Machado que uno se puede sentir muy orgulloso de haber nacido en Rute --en Iznájar, quiero decir--, pero que puesto a elegir no hubiera elegido Rute --Iznájar, perdón-- para nacer.

Cuarto: en dicha manifestación no se vio ni una sola bandera española, a pesar de que alguno de los partidos convocantes, el PSC en concreto, defienden que Cataluña es una nación dentro de la nación española. No soy gran forofo de la simbología nacionalista, que me parece un tanto decimonónica, aunque entiendo su importancia, pero es chocante que los símbolos nacionales sean tan difíciles de exhibir en determinadas Comunidades Autónomas, las cuales tanto usan de los propios. Y más llamativo me resultó ver algunas banderas francesas, quiero pensar que no por envidia al centralizado modelo territorial francés, aunque quién sabe.

Quinto: varios ayuntamientos, que no hacen honor a su nombre y que más que unir parecen querer separar, se han lanzado, en imitación de lo que está pasando en otros países europeos, a prohibir el burka, supuestamente para garantizar así la dignidad de la mujer, pero a ninguno se le ha ocurrido preguntar a las mujeres que lo usan y dan por supuesto que ellas piensan según nuestros mismos parámetros. Soy contrario a tales prohibiciones por motivos que quizá otro día explique y muy crítico con la acomplejada defensa de los valores occidentales que se malemplea en muchos foros, tan crítico como soy con los valores que defienden esas mujeres emburkadas --cuya imagen me recuerda mucho a otras no tan lejanas de nuestras iglesias-- y de los hombres que las emburkan, pero me preocupa también que en manos de los concejales de cualquier pueblo esté la capacidad de decidir cómo debo vestirme. Espero que los dirigentes del PP, que con tanta legitimidad como razones jurídicas, en muchos casos, han hecho el camino del Constitucional durante las dos últimas legislaturas, acudan ahora raudos también a presentar recurso contra actos administrativos que tan claramente violan preceptos de nuestra Norma fundamental, aunque algunos de sus concejales estén entre los promotores de los mismos.

Sexto y último: el jefe de la oposición y aspirante a gobernar por tercera y última vez, supongo, gane o pierda, basó todo su discurso de réplica al presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la nación en la necesaria convocatoria de elecciones anticipadas, y puede ser que no le falte razón, pero es incapaz de utilizar el mecanismo que la Constitución pone en su mano, la moción de censura, porque no puede llegar a acuerdos con otros grupos parlamentarios que apoyaran su programa, el cual se podría resumir muy fácilmente: si ustedes entienden que hay que convocar elecciones y Zapatero no quiere plantear al rey la disolución de las Cámaras, y ustedes me apoyan en la moción de censura, convocamos elecciones inmediatamente y, a la luz de los resultados, que gobierne quien pueda gobernar. Pero el curso político está agotado, la gente está de vacaciones y ¿a quién le interesan ahora unas elecciones generales?

A algunos nos preocupa que la gente empiece a pensar que las elecciones generales tampoco resuelven nada. En las enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral se podría plantear la posibilidad de fijar un mecanismo de prejubilación de buena parte de la clase política española (sin grandes indemnizaciones, dada nuestra situación económica, si fuera posible) y curiosamente no de aquellos que más próximos están a la edad de su natural retirada.