Manteros: licencia para delinquir

La decisión de los ayuntamientos catalanes de El Vendrell y Calafell de habilitar espacios donde se lleva a cabo libremente la venta ambulante ilegal -el popular top manta- no tiene precedentes. Fundamentalmente, porque ninguna administración pública en su sano juicio facilitaría medios para delinquir. Eso y no otra cosa es el top manta: un negocio muy lucrativo para las mafias que los manejan, las cuales se aprovecha de inmigrantes sin papeles para llevar a cabo su actividad. Además, perjudica no sólo a discográficas y firmas de moda vendiendo productos falsificados, sino a los comerciantes que pagan religiosamente sus impuestos y cuya venta es legal.

Se quejan los ayuntamientos de falta de medios, y puede que tengan razón. La inmigración ilegal y la defensa de la propiedad intelectual e industrial son materias que competen al Estado. El hecho de que éste haga dejación de funciones o esté desbordado no es razón para permitir que se delinca. Además, hay otra figura delictiva en la que incurren todos aquellos que compran en el top manta: se trata de la receptación, que consiste en recibir o aprovecharse de los bienes obtenidos ilegalmente por otras personas, con conocimiento de su origen. O lo que es lo mismo, comprar mercancía robada. Y aun cuando sea verdad que se trata de ilícitos penales que cuentan con una cierta simpatía social, no por ello dejan de ser delitos al fin y al cabo. Una cosa es dedicar más recursos a la erradicación de la delincuencia con mayúsculas, y otra bien distinta en fomentar los delitos menores. ¡A qué estado de degradación institucional se ha llegado en España como para que una administración pública caiga tan bajo!

Los comerciantes –y con ellos los industriales cuyos productos se están falsificando- con su protesta, están denunciando algo más que un atentado a sus propiedades. En realidad, nos están enviando una señal que expone una situación general de deterioro de la cultura de legalidad. Y, desde que nos lo explicó Adam Smith hace dos siglos y medio, todos los economistas nos lo han advertido: sin seguridad jurídica no hay inversiones, por tanto, se genera riqueza ni se crean puestos de trabajo.