La quiebra de la Administración Local amenaza con el cierre de algunos consistorios

La recaudación de los ayuntamientos ha descendido un 90 por ciento respecto a hace cuatro por la parálisis de la construcción, que en años anteriores incrementó de forma notable el dinero del que disponían los consistorios. Ante esta brutal merma de los ingresos, muchos ayuntamientos han tenido que dejar de pagar facturas y aplazar el pago de nóminas. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) establece que el alcalde de Castilleja de Guzmán (Sevilla) deberá responder con su patrimonio si no consigue saldar la deuda del consistorio con una empresa. Ante esto, muchos ediles se plantean cerrar sus ayuntamientos.

Muchos ayuntamientos españoles se encuentran al límite. El descenso de la recaudación de impuestos municipales procedentes de la construcción ha dejado a muchos consistorios en una situación muy complicada.

Según El Economista, al menos 400 ayuntamientos, de los 8.112 que hay, hace meses que dejaron de pagar la luz o el teléfono de las dependencias municipales.

Se estima, además, que la cifra de consistorios en esta situación podría incrementarse hasta el 30 por ciento del total, con los que los ERE's municipales podrían ser el próximo paso.

El Instituto de Práctica Empresarial (IPE) ha estimado que los ingresos por el ladrillo han caído un 90 por ciento respecto a hace cuatro años. Según Expansión, en 2006 la recaudación por estas actividades fue de 16.662 millones de euros, en 2009 de 2.525 millones y en 2010 la cifra se ha quedado en sólo 1.830 millones.

A esta problemática se suma la investigación de Hacienda sobre presuntos casos de corrupción urbanística que podrían hacer estallar las arcas de muchas localidades sobretodo en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia, las más afectadas por estas investigaciones.

En cuanto a los problemas de solvencia de los municipios, Andalucía es la comunidad con más problemas. El IPE ha calculado que las localidades andaluzas han dejado de ingresar un 2 por ciento del PIB regional procedente del sector inmobiliario, unos 2.996 millones de euros. Además, en el conjunto estatal los ingresos disminuidos suponen un 20 por ciento del PIB español.

Sin embargo, los problemas acorralan a los alcaldes. Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado mes de julio estableció "multas coercitivas" sobre los "patrimonios personales" de los alcaldes en caso de que los consistorios no puedan solventar sus deudas, según El Economista. Esta sentencia podría sentar un precedente a la hora de reclamar, por parte de las empresas el pago de sus deudas.

Este caso se refiere a la localidad sevillana de Castilleja de Guzmán, a la que el Alto Tribunal pide que salde sus cuentas pendientes con la empresa de construcción Aroa SL en un plazo de 30 días. Si no, el primer edil, Carmelo Ceba será el responsable.

Ante esta situación, muchos alcaldes se están planteando el cierre de sus ayuntamientos. El propio presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP), Carlos Fernández, explica en una entrevista a La Voz de Galicia que "la angustia es general y prueba de ello es que en cada reunión siempre hay algún alcalde que dice que cierra las puertas del concello y que me da las llaves, porque ya no saben qué hacer".

Fernández asegura que "viven con el miedo en el cuerpo" y comenta que muchas empresas ya están pidiendo intereses de demora, algo a lo que muchos consistorios "no podrán hacer frente".

Exigen al Gobierno que no deje quebrar a los ayuntamientos
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), se pregunta por qué no se rescata a los ayuntamientos como se hizo con los bancos, y califica de "indecente" la "poca consideración" que "el conjunto del Estado español y de las fuerzas políticas" tienen hacia las administraciones locales.

En declaraciones a Efe, Martínez asegura que la crisis económica ha puesto "al descubierto" que "de una vez por todas" hay que definir las competencias y la financiación municipal.

"¿Si quiebran los ayuntamientos les da igual? No nos puede dar igual, no podemos permitir que el Gobierno deje quebrar a los ayuntamientos, que hay muchos que no pueden pagar las nóminas en el mes corriente", se pregunta.

Martínez explica que ahora, con la caída de los ingresos adicionales que el urbanismo deparaba en los últimos años a los ayuntamientos, "se ha acabado el cuento" y los consistorios están "en un callejón sin salida", en un año en el que, además, el Gobierno ha reducido "en un 20 por ciento" los recursos que envía a los municipios.

En su opinión, las competencias municipales y el sistema de financiación local no han sido resueltas nunca porque "a todo el mundo parece que le interesa que los ayuntamientos sean los que en esta sociedad democrática se lleven todos los palos".

El primero de los asuntos se definirá en la Ley de Gobierno Local que se presentará en las Cortes en el próximo curso, mientras que la reforma de la financiación local, una promesa de los sucesivos gobiernos, se retrasará hasta que la situación económica lo permita, según ha anunciado el Ejecutivo.

"Yo lo vengo diciendo desde el año 83 y voy a seguir diciéndolo hasta que no pueda más, dentro y fuera del partido", asegura, mientras reclama que la sociedad española "tome cartas" y exija "a las Cortes, al Gobierno que solucione esto, porque está en juego muchísimo".

Cree que ha sido "de una hipocresía que raya lo indecente" que por un lado se haya dicho que los ayuntamientos podían seguir andando porque "ya se financiaban con el urbanismo" y que "a continuación" se dijera que "la culpa de la especulación la tenían los ayuntamientos y los políticos que los gestionan". La alcaldesa recalca que son "un cuento" las informaciones sobre que los ayuntamientos son los culpables del déficit público.

"Que sepa todo el mundo que en este momento los ayuntamientos sólo aportan al déficit del Estado español el 0,5 por ciento, las Comunidades Autónomas el 2,5 y el Estado el resto" y "que los ayuntamientos españoles, por la Ley de Estabilidad, somos los más controlados en el endeudamiento porque un ayuntamiento no puede pedir un crédito si no es con el visto bueno de la Comunidad Autónoma y para eso tiene que reunir unos requisitos".

Ayuntamientos en situación crítica
La localidad de Palomares del Río (Sevilla) decretó hace unas semanas la suspensión de pagos en el mes de mayo a sus concejales, funcionarios y trabajadores. El municipio llevaba sin pagar cinco meses a la empresa Endesa, lo que desembocó en diversos cortes de luz. Según el Ayuntamiento, a día de hoy, "los ingresos no cubren los gastos".

La deuda municipal asciende a seis millones de euros, heredados, según el equipo de Gobierno actual, de la gestión de la anterior legislatura.

El caso de Jerez (Cádiz) es el más claro al ser un consistorio de gran tamaño. El pago de las nóminas se está viendo afectado por la falta de ingresos. Los salarios de los 2.600 funcionarios jerezanos suman 13 millones de euros y la situación no se normalizará hasta octubre si los bancos responden. El pasado mes d ejulio, los trabajadores sólo recibieron el ingreso de 1.000 euros de sus nóminas.

En el caso del consistorio de Mondoñedo (Lugo), su alcalde ya ha recibido varias notificaciones judiciales emplazándolo a que su ayuntamiento abonase los pagos pendientes de diversas obras. De no hacerlo, el primer edil se enfrentaría al pago de una multa personal de 12.000 euros.

Muchos otros municipos gallegos se podrían enfrentar a las mismas sanciones, por lo que el pánico ha cundido entre los alcaldes de la comunidad.

Huévar de Aljarafe (Sevilla) debe ocho nóminas a sus trabajadores y en San Roque (Cádiz) varias empleadas de la limpieza exigen el pago de los retrasos, no cobrados desde junio.

En Barbate (Cádiz) sus trabajadores no cobraron la nómina de julio y la deuda municipal de los 300 trabajadores del Ayuntamiento asciende a 300 millones de euros.

Las localidades sevillanas de Castilblanco de los Arroyos, Aznalcóllar y Mairena de Aljarafe no han podido celebrar sus fiestas patronales por la situación económica de la Administración Local.