Jesús Lizcano | Sábado 04 de septiembre de 2010
El Derecho a saber es un derecho fundamental e inherente a cualquier ciudadano, y en este sentido, la transparencia social ha de ser uno de los objetivos y coordenadas básicas de una sociedad moderna y realmente democrática.
En España hemos adolecido hasta el momento de un importante déficit de transparencia en lo que se refiere a la información que proporcionan a los ciudadanos las Administraciones públicas, no existiendo una Ley que ampare el mencionado derecho a saber del ciudadano, de forma que pueda éste en cualquier momento solicitar y/o acceder a la información relacionada con cualquiera de los diferentes tipos o niveles de entidades públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones o Ayuntamientos). Nuestro país tiene así el honor de ser uno de los tres países europeos (junto con Chipre y Luxemburgo) de no tener una Ley de Acceso a la Información Pública, y es tan necesario como urgente corregir esta situación y ponernos en esta materia a la altura de la comunidad internacional.
Hace algunos años un conjunto de organizaciones pertenecientes a la sociedad civil, entre las que se encuentra Transparencia Internacional España, formamos la denominada Coalición Pro Acceso, a la que pertenecen en estos momentos más de treinta organizaciones, con el fin de trabajar conjuntamente en aras de lograr este objetivo, y conseguir que los diversos Partidos políticos y el Gobierno pudieran asumir el compromiso de promulgar dicha Ley. Ya antes de las elecciones algunos representantes de la Coalición celebramos reuniones y entrevistas con diversos Grupos Políticos, tanto en el Congreso como en el Senado, para que pudieran incluir en sus Programas electorales el compromiso relativo a la promulgación de esta ley. Entre los partidos que se comprometieron a ello estaba el PSOE, partido que lo incluyó en el Programa electoral de las últimas elecciones, aunque ya lo había incluido en el Programa de las Elecciones celebradas cuatro años antes, sin llegar a promulgarla durante aquella legislatura.
Más recientemente (el pasado mes de Diciembre) nos reunimos varios representantes de la citada Coalición en el Ministerio de la Presidencia, con el fin de poder colaborar de alguna manera en la gestación de un incipiente borrador de anteproyecto de ley. Ocho meses después, parece que ha culminado el proceso de elaboración de dicho borrador (se han filtrado a un medio de comunicación los detalles del texto) sin la participación de estas instituciones y por ende de la sociedad civil. Algunas organizaciones nos hemos dirigido a los poderes públicos, de cara a poder opinar al menos sobre el contenido del citado borrador de anteproyecto, y en su caso quizá mejorarlo y enriquecerlo antes de que se apruebe en el correspondiente Consejo de Ministros; en este sentido hemos dirigido una carta a la Sra. Vicepresidenta de Gobierno los cuatro miembros del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional España (Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez-Lambás, Manuel Villoria y yo mismo).
Aunque no conocemos, por tanto, el citado anteproyecto, sí tenemos certeza de las características o principios básicos que como mínimo debería cumplir. En este sentido cabe recordar los nueve principios publicados por la citada Coalición Pro Acceso, como requisitos mínimos que debería asumir la citada Ley: 1) El derecho a la información es un derecho de todos. 2) El derecho se aplica a todas las entidades públicas. 3) Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito. 4) Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes. 5) Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción. 6) Las denegaciones de acceso a la información debe ser limitadas y estar debidamente motivadas. 7) Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas. 8) Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud. 9) El derecho debe ser garantizado por un órgano independiente.
En resumen, resulta realmente urgente subsanar el mencionado déficit de transparencia pública en nuestro país, y para ello debería estar promulgada lo antes posible una Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información.
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