Unidad y firmeza contra ETA

Es justo señalar que la política contra ETA del Ministerio del Interior de estos últimos años, una vez que los terroristas hicieron saltar por los aires la enésima esperanza de paz, ha sido de una firmeza y de una constancia elogiables; esta política ha permitido desmochar una vez tras otra a la banda terrorista. Es tan justo señalar esto como recordar las desconcertantes políticas que impulsó el Gobierno de Zapatero mientras se negociaba con los terroristas.

El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó ayer que la política del Gobierno no va a cambiar un ápice por el mollar y lábil y lamentable comunicado de ETA. Debemos creerlo y dejarnos de especulaciones sobre posibles negociaciones con los asesinos mientras no haya pruebas contundentes que demuestren lo contrario. El Gobierno debería --y creo que lo ha hecho-- haber aprendido la lección del rotundo fracaso en que desembocó la negociación última y cerrar esa vía para siempre. En democracia, no hay ninguna negociación política posible con una banda terrorista. En democracia, a los que quieren que la violencia sea un elemento más del diálogo --impositivo en su caso--, se les combate con las armas que da el Estado de derecho, incluido el uso legítimo de la violencia por las fuerzas y los cuerpos de seguridad.

En este momento de debilidad de ETA, la unidad política de los partidos democráticos es más importante que nunca y habría que cortar cualquier resquicio para impedir que los que se aprovechan de la violencia para aterrorizar a sus convecinos ocupen las instituciones democráticas. El siglo XX es una experiencia demasiado cruda para andarnos con zarandajas con los antidemócratas que quieren utilizar las vías que otorga la democracia liberal a todos los ciudadanos para socavar la propia democracia y así conseguir sus fines. El fascismo y el comunismo totalitario están demasiado cerca para dejarlos caer en el olvido. Es necesario y justo (además de legal, pues así lo ha establecido el órgano que representa a la soberanía) que los que quieran competir en política acepten unas mínimas reglas de juego, y la más esencial es el derecho a la vida de los otros, que los terroristas y los que los apoyan socialmente no respetan, como no respetan la libertad de expresión allí donde son fuertes. No olvidemos que hay pueblos y barrios enteros en el País Vasco donde los violentos han conseguido amedrentar a un número significativo de ciudadanos, que callan por prudencia y miedo. Es verdad, también, que cada vez menos.

De ETA, como ha dicho casi todo el mundo en estos últimos días --y es deseable que esa firmeza se mantenga en el tiempo próximo que ha de venir--, lo que se espera es un cese total y definitivo y verificable de la violencia, es decir, una entrega de las armas y una puesta a disposición policial de los terroristas perseguidos por la justicia. Luego, se podría esperar que las fuerzas políticas democráticas acordasen mayoritariamente regular ciertos beneficios penitenciarios para los que voluntariamente se hubieran entregado. Una sociedad como la vasca y una sociedad como la española, que ansían la paz, entenderían bien una cierta benevolencia cuando se constatase fehacientemente el deseo individual de cada terrorista de poner fin a las acciones armadas. Es a lo más que puede llegar un Estado de derecho y los terroristas tienen que tenerlo claro. No hay más concesiones posibles, y menos políticas. Pienso también que una sociedad democráticamente madura, como es la española, tiene claro que estas políticas no serían una cesión ante los terroristas sino una manera de encauzar más rápidamente el deseo de paz y convivencia.

Todo esto sin olvidar a las víctimas, que han sufrido directa e individualmente la locura de unas acciones aborrecibles que iban dirigidas contra el conjunto de la sociedad, acciones que se basaban en la idea de que la sangre derramada de un supuesto enemigo podía valer, para conseguir los objetivos perseguidos, más que la ley, que el diálogo democrático, que la convivencia pacífica.

Rubalcaba ha demostrado que tiene claro que la ilusión y la esperanza de la paz no deben nublar la contundencia democrática contra los terroristas. Rajoy, también. Es más necesaria que nunca la unidad del Gobierno y de la oposición en esta materia. El PP debería ser informado de cualquier paso que se dé y actuar con la máxima lealtad. No hay por qué dudar de que ambas cosas se estén haciendo, y se estén haciendo bien. Y llegará un momento en el que haya que hablar con los terroristas no para negociar sino para que digan dónde van a entregar las armas y cómo se puede verificar este proceso. El Gobierno, con el acuerdo y apoyo del PP, podrá poner entonces sobre la mesa las políticas penitenciarias que podría llevar al Parlamento --insisto que es de lo único que se puede hablar con los terroristas-- para la reinserción de los etarras. Insisto también en que una sociedad democráticamente madura entendería estas políticas. Pero los terroristas tienen que saber que ese paso no se dará sin una entrega incondicional de las armas y una verificación del cese de la violencia. Hasta entonces, el Gobierno no debería mover ficha por muchos cantos de sirena que ETA y la izquierda abertzale lancen. La izquierda abertzale sabe lo que tiene que hacer si quiere estar en las instituciones democráticas y también sabe que la última reforma de la Ley de partidos permite echar de las mismas a quien se cuele con camelos democráticos preelectorales que se transformen en apoyos postelectorales a los terroristas.

El fin de ETA será un triunfo de la sociedad española, que ha sufrido la violencia durante largos años, no de una política circunstancial de un Gobierno. Por eso, debería sacarse del debate partidista siempre que la política antiterrorista del Gobierno esté basada en valores de firmeza democrática como los aquí expuestos.