[i]Más sobre la libertad de expresión[/i]

Un gran amigo y distinguido académico se lamentaba días atrás de la falta de ecuanimidad que advertía en el debate sobre la libertad de expresión instalado en la Argentina a raíz del enfrentamiento del gobierno con el grupo Clarín y el diario La Nación.

Es cierto: en el fragor del debate el razonamiento sereno y objetivo suele ceder espacio a un maniqueísmo inverosímil sin que matiz alguno pueda introducirse imponiendo distancia sobre la inmediatez. Sin embargo, se me ocurre que las circunstancias que se viven en la Argentina guardan relación con las que experimentamos cuando el actual gobierno expropió los fondos de las administradoras de jubilaciones y pensiones. Muchos venían cuestionado las altas comisiones que estas administradoras cobraban, sus inversiones en títulos públicos u otros aspectos de un sistema inaugurado en los noventa y alentado por la experiencia chilena. Empero, lo que estaba en juego a la sazón era algo infinitamente más importante: el derecho de propiedad, masivamente conculcado por un gobierno que se teme haya usado indiscriminadamente esos fondos, resultantes de los aportes individuales y capitalizados de miles de trabajadores.

Pues bien, mutatis mutandi creo que este argumento podría esgrimirse a propósito del asedio a La Nación y Clarín por la adquisición conjunta de Papel Prensa realizada en tiempos de la dictadura militar. Discutir ahora el silencio de algunos periodistas o responsables de medios respecto de la represión ilegal, cuestionar incluso la existencia de una prensa concentrada que no fue cuestionada mientras sirvió a los intereses del ex presidente Néstor Kirchner, me parece una forma de distraer a la gente con el objeto de ocultar el hecho de que lo está en juego es la libertad de expresión, dogma correlativo, diría Tocqueville, al de la soberanía del pueblo y garantía indispensable que “saca siempre a la luz los resortes secretos de la política y fuerza a los hombres públicos, uno tras otro, a comparecer ante el tribunal de la opinión”.

La revisión imparcial de “los setenta” es para los argentinos una asignatura pendiente. Cometeríamos, no obstante, un error irreparable si fuera hecha en menoscabo de la libertad.