Los españoles expropiados en Venezuela denuncian la inacción del Gobierno español

Engañados y estafados. Así se sienten los 500 españoles afectados por la expropiación de tierras en Venezuela por la actitud del Gobierno español. Estas familias critican que el Ministerio de Asuntos Exteriores hable de que se han solucionado "la mayoría de los casos" cuando la situación sigue como siempre. Además, han dado a conocer para EL IMPARCIAL que en las sucesivas reuniones para poner fin al conflicto "amenazaron al cónsul español con echarlo si hablaba", por lo que las autoridades españolas sólo acudieron en calidad de oyentes.


Más de 500 españoles en Venezuela viven una pesadilla desde hace varios años. Estos ciudadanos con doble nacionalidad sufren la invasión de sus tierras gracias al amparo del gobierno venezolano.

Durante esta última década, las milicias campesinas entraron en sus tierras arrasando los cultivos, los inmuebles y pertenencias que encontraron. Con el paso del tiempo, ni el gobierno venezolano, ni la justicia del país, ni el Ejecutivo español han solucionado el problema.

Los afectados con los que ha hablado este diario han destacado la inactividad del Gobierno español en las reuniones de la Mesa de Tierras. Sandro Moretti, afectado, ha explicado que "España ha hecho la vista gorda, temerosa por las políticas de expulsión de embajadores de Venezuela. Amenazaron al cónsul español con echarlo si hablaba, por lo que el cónsul dijo que sólo eran oyentes".

Félix Alfonso Barbero Martí, afectado y presidente de la Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), ha mostrado en EL IMPARCIAL su indignación y asombro por las palabras y afirmaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores español de que "han solucionado la mayoría de los casos", que califica de "mentira".

"No han resuelto nada, los 93 casos de los que hablan se refieren a cuando había más de cien casos, ahora hay más de 500", ha replicado. Barbero acusa a España de "no hacer cumplir el convenio vigente con Venezuela, que fue ratificado por Chávez en 1999".

En cuanto a las indemnizaciones de algunos propietarios, el presidente de Feceve ha afirmado que sólo se pagan las bienhechurías, que son sólo las construcciones que hay en esas tierras, con lo que se pierde la titularidad de las tierras y el derecho a explotarlas.

Félix Alfonso Barbero ha comentado que ya no saben qué hacer, puesto que "el gobierno de Venezuela hace lo que quiere con ellos sin que nadie los asista". Barbero ha recordado, además, que Moratinos les pidió "confianza" en su visita al país en 2009, mientras "se ha dejado morir a Franklin Brito", uno de los afectados que cumplió varias huelgas de hambre. "Eso es lo que quiere el Gobierno español, que acabemos como Brito", ha considerado Félix Alonso Barbero. El presidente de Feceve ha rechazado también el asesor legal que nombró España para ayudarles con su situación, ya que cree que "no sirvió de nada y no les ayudó ni protegió".

Por otra parte, Barbero ha dado a conocer lo que consideran una "tomadura de pelo" de las autoridades, como fueron las reuniones de la Mesa de Tierras. "En las Mesas de Tierras no ocurrió nada. Sin dinero había que ir a las reuniones, pagarse hoteles y viajes para no resolver nada", ha criticado.

Barbero también ha explicado que cuando otros afectados han acudido al consulado a presentar sus casos, se les dice que "si no han resuelto los otros, como van a resolver más".

Félix Alfonso Barbero ha explicado que han hecho llegar sus quejas al Congreso de los Diputados, al Senado, al presidente del Gobierno, incluso al Rey; pero no han recibido respuesta. Además, ha comentado que mientras "el año pasado fueron recibidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, este año no les dejaron pasar".

El presidente de Feceve ha considerado que lo último que les queda es acudir a la Justicia internacional, pero no tienen dinero para cubrir esa demanda. También "están pensando en realizar una protesta".

España dice que han resuelto "la mayoría de los casos"
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han explicado a este diario que el embajador y el cónsul general de España en Venezuela han realizado diversas gestiones con el presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti) y con el viceministro para Europa de Asuntos Exteriores.

En 2009 se constituyó la Mesa de Tierras para dialogar con los afectados sobre su situación y ahora sólo "queda por decidir sobre las indemnizaciones pendientes y sobre las cartas agrarias a otorgar".

Además, desde el Ministerio español explican que Dámaso de Lario, ex embajador de España en Venezuela, realizó varias gestiones con el ministro de Agricultura y Tierras y con el vicepresidente de la República antes de su marcha.

En Exteriores afirman que han resuelto "la mayoría de los casos" y hablan de 93 concretos. Sin embargo, de estos casos sólo 19 se han resuelto en realidad, ya que 14 propietarios no se presentaron a las reuniones, 28 deben completar la documentación exigida y 32 están pendientes de decisión.

El Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce que se han registrado otras invasiones tras la finalización de la Mesa de Tierras y comenta que los nuevos afectados deben protestar a través de la embajada.

Las fuentes del Ministerio dicen que sigue en marcha la resolución de otros casos para que se puedan solventar los máximos y aluden a que "hay una supervisión permanente del Gobierno" del problema.

Por su parte, el consulado español en Caracas ha reconocido que "es muy difícil conseguir resultados positivos en esta cuestión", pero ha asegurado que desde la diplomacia española "seguirán presionando al Inti".



Nada que hacer ante las invasiones
Sandro Moretti ha denunciado en EL IMPARCIAL invasiones "arbitrarias y violentas" y ha asegurado que los invasores violaron con sus acciones todos sus derechos de propiedad y el convenio existente entre España y Venezuela. El citado convenio blinda a los españoles de las expropiaciones excepto en casos de medidas de utilidad pública. Sin embargo, ninguna ley ha servido para nada a esta familia. Moretti dice que denunciaron su caso pero que "nadie ha levantado la mano para defender sus derechos".

Moretti ha explicado que el gobierno venezolano pide que para mantener las tierras se demuestre la titularidad desde 1830, mientras que la Constitución sólo exige que se demuestre la titularidad. Además, la Ley de Tierras vigente establece que tras cinco años explotando el terreno se reconoce la titularidad.

Sin embargo, este afectado cuenta que el Inti les aseguró que como no le habían dado carta agraria a los invasores no les podían indemnizar porque no tenían la culpa de la ocupación.

Después de esta contestación, Moretti ha explicado que no sacan a los invasores porque ya están allí instalados, pero se les ha dado un aval de 500 millones de euros y se ha cerrado el caso.

El caso de Rafael es parecido. Este propietario vio cómo le arrebataban su hacienda "Santa Bárbara" en el año 2005 destrozando sus cultivos de caña de azúcar. Rafael lo denunció ante la Fiscalía, la Guardia Nacional, etc., pero nadie le dio una solución. Lo único que se les ofreció, ha contado Rafael, fue una indemnización "irrisoria" que casi nadie ha cobrado.

Por último, el caso de Luis Solórzano. Su padre compró sus tierras en 1965 al gobierno venezolano. Además, conservan la cadena titulativa de 1734, otorgada por el Rey Carlos III.

El Ejecutivo de Venezuela no les reconoce ningún tipo de derecho y el robo de lo que hasta ahora suponía su sustento les ha llevado a una situación de pobreza. "Estamos en una total indefensión y no nos sentimos representados por nadie. Nos han matado en vida", ha recalcado Solórzano.