Por su supuesta participación en la dictadura militar
Jueves 23 de septiembre de 2010
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pidió a la Justicia argentina que cite a declarar al dictador Jorge Videla y a directivos de los diarios Clarín y La Nación, entre otros, al presentar una querella por "apropiación ilícita" durante la dictadura de Papel Prensa, la única fabricante de papel para periódicos del país.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo argentino y los principales periódicos de ese país, comenzó a gestarse a raíz de la publicación del informe oficial "Papel Prensa: la verdad", en el que se señala las presuntas complicidades entre los citados diarios y el gobierno de facto de la Junta Militar para la apropiación en 1976 de la fabricante de papel, fundada en 1972.
La querella presentada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde ante el Juzgado Federal 3 de la ciudad bonaerense de La Plata. A través de un extenso escrito y en nombre del Poder Ejecutivo, el funcionario solicitó que se dicte el procesamiento de los imputados.
"El Poder Ejecutivo, al que esta Secretaría representa, entiende que los hechos de esta querella constituyen graves delitos previstos por derecho penal internacional y que configuran violaciones a los derechos humanos", indica el texto.
La iniciativa judicial, que también cuenta con el respaldo de la Procuración del Tesoro (abogados del Estado), pide que se investiguen hechos "que constituyen delitos de lesa humanidad" y señala además que también es objeto de esta acción "alcanzar la verdad histórica en cuanto al destino e identificación de las víctimas".
Asimismo, el Gobierno pidió que llame a declarar a los dictadores Videla y Emilio Eduardo Massera, y al ex ministro de Economía de la dictadura (1976-1983) José Alfredo Martínez de Hoz; a la vez que exigió la citación de Bartolomé Mitre, integrante de la familia fundadora de 'La Nación', de Ernestina Herrera de Noble, dueña de 'Clarín', y del presidente del grupo multimedia homónimo, Héctor Magnetto, entre otros.
Tanto el 'Clarín' como 'La Nación' han rechazado tajantemente esos cargos, denunciando que son víctimas de un ataque del kirchnerismo contra la libertad de prensa e información. Las denuncias del Gobierno también han sido rechazadas por la mayor parte de las principales fuerzas de la oposición.
Lidia Papaleo, viuda de David Graiver -el dueño original de Papel Prensa-, ha declarado hace unas semanas ante la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos en una causa que investiga la compra de Papel Prensa a raíz de una presentación anterior hecha por Duhalde.
Según el Ejecutivo argentino, cuando Lidia Papaleo vendió las acciones de la empresa a 'Clarín', 'La Nación' y 'La Razón' -accionista hasta 2000-, en la última dictadura militar, lo hizo "bajo amenazas" y "no era libre" en su proceder.
Tras la muerte de Graiver en un accidente aéreo, en agosto de 1976, tanto Papaleo como varios de sus familiares y de socios del grupo empresarial Graiver fueron hostigados hasta que vendieron las acciones de Papel Prensa, según el informe oficial.
La operación de venta se hizo en noviembre de 1976 y en marzo de 1977 Papaleo fue secuestrada por la dictadura, torturada, violada y condenada a cinco años de prisión por complicidad del Grupo Graiver con la guerrilla de Montoneros, formada en los años setenta por sectores de izquierda y nacionalistas del Partido Justicialista (peronista).
El capital de Papel Prensa se reparte entre el grupo 'Clarín' (49%), el Estado (27,46% en forma directa y 0,62% a través de la agencia oficial Télam) y 'La Nación' (22,49%), con un 0,43% en manos de terceros.
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