Domingo 03 de octubre de 2010
El ciclismo no es el único deporte en el que se consumen sustancias prohibidas, aunque sí donde mayor repercusión alcanza su conocimiento. Sirva como ejemplo el enorme revuelo que se ha organizado en toda Europa con la aparición de una cantidad ínfima de clembuterol en el organismo de Alberto Contador. Por fortuna, no parece un nuevo caso de doping sino de una simple contaminación alimentaria; algo que no puede decirse de los “positivos de Ezequiel Mosquera en la última Vuelta a España y de Marga Fullana en el Mundial de Canadá. El propio director de la Unión Ciclista Internacional daba la voz de alarma al denunciar que casi la mitad de los casos de doping que salen a la luz son de ciclistas españoles.
Y eso es un problema. De hecho, hay quien dice que uno de los aspectos negativos de la candidatura olímpica de Madrid 2016 fue la deficiente normativa en materia de doping que existe en España. Algo que atañe directamente a Jaime Lissavetzky, máxima autoridad del deporte español –por detrás de José Luis Rodríguez Zapatero, quien se arrogó esa representación cuando empezó a ver los éxitos que empezaban a cosechar nuestros deportistas y lo mucho que podría rentabilizar su imagen retratándose con ellos-. De hecho, lleva siéndolo desde 2004, por lo que cabe achacarle a su persona el que durante todo este tiempo no se haya afrontado como es debido un asunto de tanta importancia. El señor Lissavetzky, persona entusiasta y acérrimo enemigo del doping, debería saber que sus responsabilidades no consisten sólo en verbalizar su rechazo ante tales trampas o aparecer en los telediarios con los deportistas de éxito. Sus responsabilidades pasan además, por ejemplo, por abordar de una vez por todas el cúmulo de irregularidades de la Federación Española de Fútbol. Pasan también por no intentar politizar éxitos deportivos que son precisamente eso, éxitos deportivos sin tinte partidista alguno. Y pasan, sobre todo, por poner sobre la mesa una ley que vele por la limpieza del deporte español.