Marruecos y el Frente Polisario rechazan reunirse

El gobierno marroquí y el Frente Polisario no han llegado a entenderse sobre el orden del día de la reunión convocada por Cristopher Ross para este lunes, encuentro que había sido anunciado precipitadamente por el ministro español Miguel Ángel Moratinos.


El mediador americano ha tratado de retomar las conversaciones directas instando a las dos partes en conflicto a sentarse de nuevo a la mesa de negociaciones. El Polisario mostró su aceptación en febrero pasado a discutir “aspectos del proyecto de Autonomía”; Rabat en cambio, se niega en redondo a abordar la propuesta saharaui de incluir la opción “independencia” en la consulta referendaria.

Ban Ki Moon, por medio de su enviado especial, presiona a los beligerantes a respetar las medidas de confianza pactadas en las conversaciones anteriores realizadas en Manhasset. Medidas que van desde las reanudación de los intercambios familiares entre Tinduf y Laayún, hasta normas para "la libre circulación" de personas, "avances en la libertad de expresión" y "respeto a los derechos humanos". A pesar de que ambas partes han mostrado progresos en la aceptación de medidas de confianza, el Secretario General de la ONU está lejos de mostrarse satisfecho.

El 20 de septiembre pasado el gobierno marroquí denunció la prohibición de aterrizaje en el aeropuerto de Tinduf en Argelia, de 20 beneficiarios marroquíes de la operación de intercambio de visitas familiares dirigida por el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR). El Polisario respondió que Rabat envió el avión sin que hubiera acuerdo previo para la visita.

Por su parte, el movimiento independentista viene denunciando en los últimos días “la campaña de represión” que las Autoridades policiales marroquíes están llevando a cabo en Laayún contra los “activistas saharauis de derechos humanos” que se desplazaron a Argel para asistir a una Conferencia internacional “sobre derechos humanos en los territorios ocupados”. Denuncias sostenidas por los testimonios de varios españoles, como el actor Willy Toledo, que les acompañaron en el viaje de vuelta y que dijeron haber sido maltratados ellos mismos por la policía marroquí. El portavoz del gobierno de Rabat, Jalid Naciri, ha desmentido las alegaciones y pedido a los denunciantes que “presenten pruebas” de dicha represión policial.

En esta situación se produce igualmente las trabas al trabajo periodístico de los informadores internacionales y locales. El gobierno argelino ha impedido por dos veces consecutivas a varios periodistas del semanario marroquí “Assahrae al Ousbouiya” viajar a los campamentos de Tinduf con misión informativa. La primera vez consiguieron llegar hasta la ciudad de Tinduf, pero no a los campamentos saharauis; la segunda vez, han sido detenidos en el mismo Argel, y reenviados a Casablanca tras interrogatorio. Por su parte las Autoridades marroquíes ponen trabas en general administrativas, a los informadores que se desplazan a Laayún, aunque en este caso pueden realizar el viaje y entrevistarse con las familias saharauis o los activistas vigilados por la policía.

Buteflika en la ONU
En esta situación de no respeto al acatamiento de las medidas de confianza mutuas, o al menos de su aplicación ambigua, resalta la declaración del presidente argelino Abdelaziz Buteflika ante las Asamblea general de la ONU, en la que declara que su país, que alberga los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, apoya “esta dimensión de los derechos humanos y la necesidad de que sean asumidos por el Consejo de derechos del hombre y los mecanismos universales en la materia”. Declaración que se produce en el momento en que el propio gobierno marroquí ha acusado a las Autoridades de Argel de “haber permitido el secuestro en su territorio” de Mustafa Salma, un miembro del aparato policial del Frente Polisario que volvía a los campamentos de Tinduf tras una estancia de varias semanas en Esmara donde se declaró en favor de la alternativas de autonomía propuesta por el rey Mohamed VI para resolver el conflicto en la ex-colonia española.

De hecho el régimen de Argel quiere dejar clara su posición “de principios” en el conflicto, y no acepta ser involucrado como “parte” del mismo, como Rabat le acusa. El Secretario general del FLN (Frente de Liberación Nacional), partido en el poder en Argel desde hace medio siglo, Abdelaziz Beljadem, ha vuelto a reiterar esta semana que su país “apoya la organización de un referéndum”. Beljadem añadió que “si el pueblo saharaui quiere ser marroquí, que lo sea; si quiere vivir en un marco de régimen de autonomía, que lo escoja; pero si quiere la independencia, que la tenga”. Y concluyó: “Nosotros aceptaremos los resultados cualesquiera sean”.

En cuanto a litigioso asunto de las fronteras con sus vecinos, el gobierno de Rabat ha reiterado por boca del portavoz Jalid Naciri, que “tras el alto el fuego de 1991” entre Marruecos y el Frente Polisario auspiciado por la ONU, Rabat considera sus fronteras trazadas en el Acuerdo firmado entonces. Es decir, que hasta los “muros de defensa” construidos por Marruecos en los años 80, el territorio es considerado por Rabat como “marroquí”. Y fuera de los muros, “es territorio argelino”. El gobierno alauita quiere de este modo poner término a la polémica sobre “territorios liberados”, “territorios ocupados”, o “fronteras heredadas de la colonización”. Para Rabat se trata de dos países cuyas fronteras han sido delimitadas por “el Acuerdo de alto el fuego de 1991” patrocinado por la ONU.

A juicio de los observadores diplomáticos, la única posibilidad de retomar rápidamente las conversaciones directas, es abordar el asunto de las medidas de confianza, derechos humanos, libre circulación, y libertad de expresión y organización, dejando para un segundo tiempo las negociaciones propiamente dichas para buscar una salida política al conflicto. Escollo con el que choca en estos momentos la Secretaría general de la ONU.