Miércoles 06 de octubre de 2010
Este martes han coincidido dos claros mensajes de aviso sobre la marcha de nuestra economía. El principal de ellos proviene del Banco de España. Su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha puesto el foco sobre el control del gasto de las administraciones territoriales, ayuntamientos y comunidades autónomas, que suponen un porcentaje creciente del gasto público en España, merced al proceso de descentralización que ha experimentado nuestro entramado institucional. Si por un lado los esfuerzos del Gobierno parecen insuficientes, la marcha del gasto en las administraciones locales y regionales da pocas muestras de contención. Tenemos un problema estructural que el Gobierno no se ha atrevido a encarar, y que pone en riesgo la estabilidad del conjunto del sistema. Fernández Ordóñez ha recalcado que no sólo es necesario que el Gobierno actúe, sino también que lo haga pronto, sin mayor dilación, pues los riesgos a que nos enfrentamos son graves.
Por si fuera poco este llamamiento a la responsabilidad, el gobernador del Banco de España ha hecho otra advertencia aún más preocupante. Dice que el Gobierno debe tener preparado un plan alternativo, una especie de programa máximo de recortes, por si sus previsiones sobre la evolución del déficit público no fueran suficientes. Y no lo son. En esto coinciden los principales analistas. Hemos pasado un verano relativamente apacible, ya que nuestra deuda se ha colocado sin mayores problemas y a costes moderados. Pero los problemas de fondo están ahí; y ni el abismo fiscal de Irlanda ni la tragedia griega nos deben permitir desviar la atención sobre nuestros problemas. Si el Banco de España pide un “plan B” de actuación económica es que muy probablemente lo necesitaremos.
Por añadidura, se han producido otras advertencias, éstas procedentes del exterior. El Fondo Monetario Internacional ha señalado otra fuente de problemas, y que puede lastrar la recuperación, ya incierta y lenta: nuestro sistema financiero. Está lastrado por el elevado nivel de deuda pública y las futuras necesidades de financiación de los organismos públicos, y por el nivel de endeudamiento privado que, a pesar de que se ha corregido en los últimos años y se ha acompañado con un aumento en la tasa de ahorro, sigue siendo peligrosamente alto.
Resulta descorazonador comprobar que los análisis menos halagüeños son también los más juiciosos. Pero más aún resulta comprobar que nada de ello genera un verdadero debate en la sociedad española, a pesar de que los medios de comunicación vierten toda esta información sobre la sociedad. No se puede decir que los españoles huyan de mirar a la realidad tal cual es, pero por otro lado la clase política tiene miedo de poner sobre el tapete los verdaderos problemas a que nos enfrentamos, y las medidas de reforma que habrán de tomarse en consecuencia. Observamos, pues, una falla en nuestro sistema democrático, que con su transparencia debería favorecer el libre debate y la atención de los problemas del ciudadano, pero que en realidad llega a ocultar, o a aparcar, las cuestiones más relevantes. Ello hace pensar que después de las reformas económicas tendremos que plantearnos reformas de mayor calado, y que apuntan a la salud de nuestro sistema democrático.
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