Martes 12 de octubre de 2010
La población de Bolivia es mayoritariamente indígena. Hay apenas un 10 por ciento de blancos; el resto oscila entre el 60 por ciento de indígenas, 25 de mestizos y el 5 que queda corresponde a otras minorías étnicas. No es, desde luego, un país que destaque especialmente por su conflictividad étnica. De ahí que no acabe de entenderse muy bien el proyecto de ley que pretende sacar adelante Evo Morales, mediante en cual echarse el cierre a aquellos medios de comunicación que difundan lo que a juicio del Gobierno se consideren “ideas racistas y discriminatorias”.
En todos los ámbitos de la sociedad boliviana coexisten diversas razas. Obviamente, esto es extensible a los medios de comunicación, en cuyas plantillas habrá aymaras, quechuas, mestizos y blancos. No puede decirse que haya una oligarquía blanca dominante, y menos ahora, con un presidente indígena a la par de nepotista. No hay, por tanto, un problema étnico como tal. La realidad es que Evo Morales pretende cercenar la libertad de expresión y no se le ha ocurrido mejor excusa que la de alegar motivos raciales a la hora de controlar a la prensa. ¿Por qué será que todos los paniaguados de Chávez le tienen tanto miedo a la libertad?
De cualquier forma, conviene recordar que este proyecto de ley-mordaza no es nuevo en el continente. Argentina y Venezuela ya practican algo semejante, con un hostigamiento a la prensa “hostil” totalmente goebbeliano. Todo gobernante ha de estar sujeto a la crítica, por lo demás imprescindible para la higiene democrática de cualquier estado. Quien no la acepta y además persigue a quienes intentan informar de lo que realmente pasa se convierte en un tirano. Y eso es inaceptable.
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