Al rededor de 120.000 hombres y mujeres leales a Hugo Chávez conforman ese ejército paralelo que es Milicia Bolivariana. Una división cívico-militar que entre sus unidades se encuentran las conocidas Milicias Campesinas Bolivarianas (MCB), conformadas como bien indica su nombre, por campesinos armados que aseguran defender la “soberanía alimentaria”. No obstante, la misma es vista por los detractores del chavismo, como otro eslabón de la política de expropiación de tierras, impulsada por polémico presidente venezolano.
Machetes, tractores, fusiles Kalashnikov y uniformes verdes
“Made in China”, conforman el equipamiento de miles de trabajadores del campo en Venezuela, que fieles a
Hugo Chávez, le prestan “apoyo táctico” a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mientras le rinden honores a la bandera cubana y a la imagen de la figura de Ezequiel Zamora, un venezolano célebre en la historia de ese país por liderar una insurrección campesina en 1846, que es hoy objeto, al igual que Simón Bolívar, del proselitismo chavista.
Sin recibir una instrucción militar formal, a excepción que unas prácticas de tiro cada 15 días y una fuerte dosis de adoctrinamiento revolucionario, los soldados de las MCB forman parte de una armada que colabora con el
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y las Tierras, y por supuesto, con el
Instituto Nacional de Tierras (INTI), con el propósito de “hacer frente a cualquier amenaza natural, interna o externa, enfrentar la violencia en las áreas rurales, y en consecuencia, garantizar la seguridad de la nación”.
Oficialmente creadas en febrero de 2010, las MCB es la aglutinación de diversas organizaciones campesinas de izquierda radical que comenzaron a configurarse a partir del año 2000 cuando la Asamblea Nacional comenzó a incubar la controvertida Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aprobada finalmente en 2001, la cual ha permitido que el Ejecutivo disponga de las tierras venezolanas que tengan la dudosa calificación de “ociosas”, aunque éstas sean propiedad privada.
Tales organizaciones se instauraron como un grupo de cooperativas que buscaban representar y defender los derechos e intereses de los trabajadores del campo. Sin embargo, varios testimonios sostienen que estos grupos en realidad han sido una bisagra de presión para que los dueños de fincas abandonen sus propiedades y de esta manera el Gobierno pueda hacerse con ellas.
Ahora con sus miembros organizados y armados, gracias a la
Ley de la Fuerza Armada de 2008 que señala que la milicia "tiene como misión entrenar, preparar y organizar al pueblo para la Defensa Integral"; Las MCB no sólo despiertan la desconfianza entre los mismos venezolanos ante el rearme de la población civil, sino incluso en la vecina Colombia que teme que puedan servir de criadero para delincuentes y grupos armados como las guerrillas de las FARC o el ELN.
Al respecto Chávez ha condenado que sus milicias sean vista por los expertos como “fuerzas paramilitares”.
"La milicia campesina, así como la milicia bolivariana como totalidad, no son fuerzas paramilitares, como los sesudos analistas de siempre quieren hacer ver", aseguró en su columna las ‘Líneas de Chávez’ del 20 de febrero. “La milicia bolivariana es uno de los componentes de la Fuerza Armada Bolivariana y, por tanto, ni la socava, ni mucho menos pretende suplantarla (...) son expresiones del nuevo Estado comunal", añadió.
Las zonas más empobrecidas resultan ser lugar perfecto para captación de nuevos milicianos que para asegurarse el sustento, se enrolan voluntariamente o no en estos ejércitos rurales, sin distinción de edad y género, tal como ocurrió en
China o en Vietnam durante la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado. El objetivo es formar parte del proceso de radicalización y militarización de la sociedad venezolana, con el fin de que el teniente coronel retirado y advenido a presidente, pueda continuar con los planes de construir una “Venezuela socialista” al precio que sea.
Desde el 2004 el Gobierno de Hugo Chávez ha expropiado a 1750 propiedades entre empresas y tierras, de las cuales más de mil corresponden a fincas que suman un total de 2.5 millones de hectáreas.
Según el economista, Alfredo Gordon, uno de los asesores de
Fedecámaras,-organismo que aglutina al sector privado venezolano-, la deuda acumulada por tal volumen de expropiaciones asciende a 26.000 millones de dólares (18.454 millones de euros); cifra que no incluye aún las consecuencias de la nacionalización de la de proveedora de suministros agrícolas Agroisleña, la comercializadora de lubricantes Venoco y la productora de fertilizantes Fertinitro. Unos datos que apuntan a que el país más rico de Sur América anda “sin flujo de caja” para pagar las elevadas indemnizaciones que supone la aplicación de la ley de Tierras.
Asimismo las masivas expropiaciones han generado un virulento desabastecimiento de los productos y servicios de la cesta básica, ya que el mayor numero de empresas tomadas por el Ejecutivo pertenecen al sector alimenticio, lo que amenaza una “soberanía alimentaria”, que por defecto, depende en un
70 por ciento de las importaciones. A este ritmo no sólo se corre el riesgo de que la población cada vez disponga de menos comida para llevar a la mesa, sino que los miles de venezolanos enfundados en uniformes verde olivo que juraron proteger dicha “soberanía”, no tendrán nada que defender.