Referenda secesionistas en Cataluña, un ridículo evitable

Este domingo volvía a celebrarse en distintas localidades catalanas una suerte de farsa electoral a la que los nacionalistas denominan “consulta popular”. El objeto de dicha consulta no es otro que el de intentar dar una cierta pátina de apoyo ciudadano a sus desatinos secesionistas. El tema, siendo chusco y absurdo en sí mismo, empieza a resultar cansino. Porque si ayer fueron 6 los municipios implicados, otros muchos ya habían pasado por semejante bochorno hace escasas fechas. Lo único diferente de esta última “consulta” ha sido su bajísimo porcentaje de participación ciudadana, menor incluso que en otras citas similares. Lo cual demuestra, por un lado, que si bien parte de la sociedad catalana tiene una sensibilidad identitaria diferente a la del resto de España, no considera esta farsa electoral adecuada para desarrollar sus planteamientos.

Por otro, llama poderosamente la atención cómo una formación política como Esquerra Republicana que ocupa el tercer lugar en número de votos es capaz de regir los designios de toda la comunidad autónoma, cuando no del Estado en su conjunto. Socia permanente del tripartito en Barcelona y ocasional del PSOE en Madrid -donde también llegó a ser estable durante un largo tiempo-, la formación de Carod-Rovira hace y deshace a su antojo, siempre con la bandera del antiespañolismo de aldea y campanario por delante. Cuenta para ello con la aquiescencia cómplice de CIU, encantada de que sean otros los que le hagan el trabajo sucio, y del PSC, con quien gobierna y compite en ver cuál de los dos es menos internacionalista y más nacionalista.

Nada de esto sucedería si CIU y PSC llevasen a cabo un ejercicio de responsabilidad política que impidiese que este tipo de actos se produjeran. Más que nada, porque no todos los militantes de CIU -ni del PSC- son secesionistas. Muchos de ellos, además, tienen el sentido común suficiente para darse cuenta del callejón sin salida en el que se están metiendo, pero del que no se atreven -o no quieren- salir. Optan por mirar hacia otro lado, mientras siguen pergeñando la manera de circunvalar la sentencia del Constitucional que tiraba por sus conatos rupturistas.

Pero no reparan en un detalle clave a la hora de decidir sobre una eventual modificación de la estructura del Estado tal y como está concebida: para que dicha modificación se pudiera llevar a efecto, tendría que oírse a todas las partes interesadas. O lo que es lo mismo, no basta con que una localidad cualquiera de Cataluña se quiera independizar; al formar parte de un todo que es España, habría de ser España entera quien decidiese, y no sólo una porción. Socialistas y nacionalistas son conscientes de ello, pero les da igual. Y mientras el actual statu quo político se mantenga, tanto a nivel nacional como autonómico, seguirá deteriorándose la convivencia y aumentando las diferencias entre iguales. Y ya es hora de que se ponga coto a tanta insensatez.