Martes 19 de octubre de 2010
Es muy improbable que el Gobierno haga públicas las condiciones que le han impuesto los nacionalistas para sacar adelante los Presupuestos y, de paso, apuntalar la legislatura. Se sabe que son leoninas, y se sabe igualmente que podrían haberlo sido más aún. Fundamentalmente, porque José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de seguir en el cargo. Bien lo saben en Coalición Canaria y el PNV; de ahí su amplitud de miras a la hora de pedir algo que en condiciones normales sería inconcebible.
Los nacionalistas canarios ya hablan eufemísticamente de “aguas canarias”, subterfugio de “aguas territoriales”. Las cuales, por cierto, son definidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como “aquel sector del océano en el que un estado ejerce su soberanía”. Hablan también de asumir competencias relativas a la regulación y ordenación del espacio aéreo y su control, olvidando -o no- el hecho de que tales competencias son exclusivas del Estado, según lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución. Los vascos, por su parte, van más allá, como siempre. En el caso de éstos últimos, llama poderosamente la atención el silencio sepulcral guardado por los sindicatos en una materia, la de las políticas activas de empleo, considerada casus belli desde siempre.
No es nada nuevo, por otro lado. Ni la inoperancia sindical cuando se trata de asuntos que realmente interesan a los trabajadores, ni la irresponsabilidad de las formaciones nacionalistas a la hora de formular demandas leoninas. Y tampoco lo es, desgraciadamente, el ansia del PNV por complacer a la izquierda abertzale. Es aquí precisamente donde anida uno de los principales riesgos que comporta elegir a los nacionalistas vascos como compañeros de viaje: los unos harán de abogados de los otros. Así, no es descabellado sospechar que de aquí a no mucho se ponga sobre la mesa algún apaño que permita a Batasuna colar a sus miembros en listas electorales de diverso pelaje. De hacerlo, el Gobierno no sólo estaría traicionado la memoria de las más de 900 víctimas mortales de la barbarie etarra, sino dando un tremendo balón de oxígeno a una ETA probablemente más debilitada que nunca. Además, dejaría -si cabe, aún más- en una posición sumamente incómoda a los socialistas vascos, absolutamente ninguneados en todo este despropósito. Por sentido de Estado, José Luis Rodríguez Zapatero debería negarse a pagar semejante precio por el apoyo a una legislatura caduca y sumamente perniciosa para los intereses de España. Y si el Presidente no lo hace, sí debería tomar cartas en el asunto alguien de su propio partido. Por el bien de todos.
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