José Eugenio Soriano García | Martes 19 de octubre de 2010
Una vez más se ha cumplido el rito: la crónica de un apremio anunciado – en esta ocasión del PNV - y aceptado por el Gobierno central, finalmente se ha consumado. Y en esta ocasión, nada menos, que comenzando a establecer los instrumentos que conllevan, sumados todos ellos, el inicio de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, único instrumento que quedaba de la solidaridad financiera y económica entre todos los españoles.
La suma de las competencias transferidas para, entre otros temas, lograr abordar presupuestos para el próximo ejercicio, habla por sí sola. Se trata de: - Políticas activas de empleo - Formación profesional ocupacional- Funciones de formación y empleo; instituto social de la marina. Regulación de empleo - Inspección de trabajo y Fondo de garantía salarial.
Con ello, pues, comienza ya una macrotransferencia en el ámbito laboral y de seguridad social, que implica que el paquete global suponga que es allí, en la Autonomía, donde las políticas de empleo y su respaldo financiero, se llevan a cabo.
La pretensión impudorosa de que con ello no se ha tocado nada de la Seguridad Social, y que felizmente se ha conseguido estabilidad, queda al descubierto (suponiendo que esa estabilidad no signifique otra cosa que perpetuación para salir en televisión, repartir algunas o muchas prebendas y cortar cintas de algunas inauguraciones). No hay hipérbole ni exageración alguna al decir que ya las políticas que organizan y gestionan el soporte financiero de la Seguridad Social y su posterior reparto entre los ciudadanos, están sometidas, a partir de ahora mismo, a una pluralidad de gestores distintos, autonómicos desde luego también. Y que cada uno tendrá y hará con ellos lo que quieran y puedan. Pero no existirá una sola voz clara como venía hasta ahora ocurriendo, que permitiera que todos los ciudadanos estén colocados “ceteris paribus” ante la Seguridad Social. La discriminación ha comenzado.
Ahora bien: “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio económico anterior hasta la aprobación de los nuevos” (Art. 134. 4 de la Constitución). Y aunque “Los Presupuestos tendrán carácter anual e incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal” (Art. 134.2 CE), muchos de sus conceptos y partidas tienen, incluso con normalidad, un ciclo vital superior al anual, inevitablemente.
No voy a entrar ahora en la inmensa literatura académica de hacendistas y fiscalistas que ha estudiado con detalle y minuciosidad los límites y extensión hasta el que pueden llegar los impactos económicos y financieros de partidas aprobadas en un año, pero que extienden su ámbito en períodos más amplios.
Ahora interesa más el juego político y de liderazgo (quizás una recreación ficticia, dada la inexistencia de líderes en nuestro actual momento).
No obstante, intentémoslo. ¿Qué ocurriría si realmente un Gobierno estableciera un año unos Presupuestos con capacidad elástica de expandirse más allá de la teórica anualidad? Y más duro aún: ¿Qué pasaría si inclusive en caso de estricta limitación un Gobierno Nacional no aceptara la compulsión nacionalista de partidos minoritarios sobrerrepresentados en Las Cortes?
En teoría de juegos, y aceptando que no se va a lograr el óptimo de Pareto, existen varios equilibrios de Nash posibles, que crean subóptimos no inferiores a lo que suponen la pérdida definitiva e irreversible de competencias estatales, que como en este caso, dañan definitivamente a los ciudadanos de las Autonomías más endebles y pobres en sus derechos sociales.
Si existiera liderazgo político, una opción sería la de negociar desde luego sobre temas económicos – literalmente comprar el apoyo presupuestario – pero sin cesión alguna en los temas de Estado. Y apostar decididamente por esta vía, aún provocando directamente la prórroga inicial de los Presupuestos anteriores.
Cierto que para ello se necesitan arrestos, ideas claras y convicciones, algo que no se ve por ninguna parte. Pero en teoría de los juegos, aquí habría un dilema de dos prisioneros y sin árbitro. Y los dos perderían, no solamente uno de ellos, permitiendo la apertura de múltiples amenazas a la minoría, como por ejemplo el pacto de una grosse koalition, sobre determinadas partidas, que literalmente liquidaría el poder coactivo de los oportunistas. U otros múltiples supuestos, en los que el do ut des se realicen sobre partidas que no impliquen entrar en la Cueva de Alí Babá sin conocer las palabras mágicas que permitan luego salir de ella.
En este juego político, también son primeros interesados en no perder su capacidad de presión quienes la vienen practicando hasta ahora impunemente. En una situación de “no acuerdo”, la prórroga inicial de unos Presupuestos, obligaría a todos a negociar, no solamente al Gobierno. La amenaza real para los partidos nacionalistas es que su coacción no sea efectiva. Por ello, en un supuesto de prórroga inicial de unos Presupuestos anteriores, todos los incentivos estarían a favor de quien ha demostrado firmeza (comittment, vid Schelling). Se verían obligados a negociar con alguien que puede ofrecer mucho (dinero) pero que se mantiene estable (ésta sí que es estabilidad) sobre sus competencias. Y arrojar a los partidos nacionalistas minoritarios a jugar sobre esa nueva cancha, supone que ellos tampoco tienen alternativa alguna. Se sabrán de inmediato poco importantes. Conocerán así de primera mano que no conviene irritar al proveedor y abastecedor de sus demandas, porque en un juego de espejos, la oposición aprenderá de inmediato que también ella ha de mantenerse firme y tendrá algo que ofrecer.
La clave está desde luego, en la firmeza y personalidad de quienes tienen que practicar este juego. Hasta ahora, siempre existe un único perdedor, el Estado, sin que existan límites seguros al juego de entregas. Ni siquiera la Constitución lo es, pensada como está para una situación más fiable. Pero con políticos interesados exclusivamente en sus miras a muy corto plazo, el juego tiene siempre un ganador conocido de antemano, que además, puede mostrar insolente sus trofeos y que no son otros que los despojos, inclusive, de quienes formando parte del partido gubernamental, quedan arrumbados al ostracismo mostrando así su poca fuerza política tanto en el plano nacional como en el autonómico (PSE).
Saber así que ofreciendo dinero en múltiples formas, pero sin entregar el Estado, es un juego que podría llegar a dar frutos, permitiría disponer de otro tablero de juego.
Pero para ello hay que tener coraje, capacidad política y no mera astucia de Rinconete y Cortadillo, que es lo que enanitos de la política se entretienen en conseguir, a costa de todos nosotros.
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