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Martes 19 de octubre de 2010
El Supremo confirma la expulsión de Falange Española y de las JONS como acusación particular en una causa contra Garzón. Considera que esta parte incumplió los requerimientos del juez Luciano Varela y que no se ha producido indefensión alguna.
El Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión a Falange Española y de las JONS como acusación particular del procedimiento abierto a Baltasar Garzón por una presunta prevaricación q al investigar los crímenes franquistas sin ser competente para ello. Considera que esta parte incumplió los requerimientos del juez Luciano Varela y que no se ha producido indefensión alguna imputable al instructor de la causa.
El auto del Supremo confirma las razones de Varela, que tomó esta decisión el pasado mes de abril después de que el partido no presentara en plazo su escrito de acusación contra Garzón una vez que el instructor le ordenara subsanar determinados defectos formales en el documento inicial.
El Tribunal rechaza el recurso de apelación presentado por Falange señalado que "la preclusión de dicho plazo sin cumplimentar tal requerimiento tiene su causa exclusiva en el voluntario incumplimiento de la parte, y no en la acción u omisión del instructor”. "Consecuentemente no se ha producido indefensión alguna imputable del órgano judicial ni vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva a la parte acusadora popular".
Señala asimismo que debe tenerse encuentra que es la acción popular la que ha presentado fuera de plazo su escrito de acusación y que, a diferencia de lo que ocurre con el Ministerio Fiscal y la defensa, esta acusación "no es parte necesaria en nuestro proceso penal, ni se trata del ejercicio del 'ius puniendi' del Estado".
El auto cuenta con el voto concurrente del magistrado Joaquín Giménez García, que discrepa de los argumentos al entender que si Varela consideró inadmisible el escrito de la representación de Falange Española, "debió declararlo 'ab initio' sin haber lugar a la concesión de plazo para subsanación".
Este es el último recurso pendiente en la Sala de lo Penal del Supremo, a la que ahora sólo resta fijar la fecha de inicio de la vista oral contra el juez.