El "caso Funeraria" pondrá mañana su broche final

La Fiscalía de Madrid solicita penas de entre 8 meses y 17 años y medio para los procesados, entre ellos el que fue primer teniente de alcalde, Luis María Huete, y los ex concejales populares Simón Viñals y Antonio Moreno. Les acompañan en el banquillo de los acusados José Ignacio Rodrigo, asesor jurídico del Consistorio y presidente de Funespaña tras la venta, y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, directivos de la empresa.

Este procedimiento se remonta al Pleno del Ayuntamiento celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña, que la adquirió por "un precio simbólico" de 0,60 euros, según admitió Huete en su declaración. A cambio, la empresa asumiría la deuda de 2.278 millones de pesetas contraída por la Empresa Mixta con el Ayuntamiento.

Durante estos meses, la Sección Cuarta ha escuchado los testimonios de los procesados y de los testigos, entre los que destacó la declaración del propio Álvarez del Manzano. El alcalde de Madrid entre 1991 y 2003 sostuvo que los asesores jurídicos y económicos no interpusieron ningún veto a la privatización de la funeraria municipal a manos de Funespaña.

Petición fiscal
Huete, Viñals y Moreno se enfrentan a una petición fiscal de cuatro años y diez meses por delitos de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación y malversación. Por su parte, Ignacio Rodrigo afronta una solicitud de 17 años y medio de prisión, al igual que los Valdivia, de 19 a 17 años y medio de cárcel. El fiscal les acusa de maquinaciones, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y varios delitos contra la Hacienda Pública. A estos últimos se les solicitó que se les aplique la atenuante de reparación del año por haber hecho efectivo el pago de la deuda contraída por la Empresa Mixta con el Consistorio madrileño.

En cuanto a indemnizaciones, el fiscal ha demandado que Rodrigo y los Valdivia indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con 4.504.169 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria de Funespaña.