Viernes 22 de octubre de 2010
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TUE- ha reiterado la presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho, a través del fallo que declara ilegal “cualquier tipo de canon digital que se imponga de forma indiscriminada a todos los equipos y materiales de reproducción”. Dicho fallo aporta una dosis importante de sentido común, llamando la atención sobre la ilegalidad de una medida que ya en su momento fue sumamente cuestionada.
Es obvio que ha de preservarse el derecho a la propiedad intelectual, como no podría ser de otra manera. Los creadores, a su vez, tienen derecho a obtener los frutos de su obra. Pero lo que resulta inadmisible es que para perseguir la piratería musical o audiovisual -por lo demás, censurable-, la SGAE presuponga que todo aquel que adquiere una memoria USB, un CD virgen o contrata una línea ADSL lo hace con el propósito de delinquir descargando música ilegalmente de internet.
Y tampoco son de recibo las intenciones de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, manifestando que “buscará alternativas” y estudiará la sentencia en profundidad. Que estudie lo que crea oportuno la señora ministra, pero que no caiga en la tentación de circunvalar una resolución judicial; algo a lo que, por otra parte, parece que se están aficionando últimamente dentro del PSOE -baste recordar el interés de Zapatero por sortear la sentencia sobre el Estatut-. El fallo del TUE ha sido claro: el canon, tal y como está establecido, es un impuesto revolucionario en toda regla. A Cultura corresponde ahora acatar el tenor de una resolución judicial poco grata para sus intereses particulares, pero muy favorable para los de todos los españoles.
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