Domingo 24 de octubre de 2010
Se ha levantado cierto revuelo con motivo de un análisis económico que hacía ver un pequeño repunte de las ventas de viviendas asociado al fin de las desgravaciones fiscales en este ámbito. Los datos acompañaban al análisis. La lógica también. Si por adelantar una compra se va a lograr obtener unas ventajas fiscales que más tarde se perderán, el comportamiento lógico, si tal decisión está en los planes más o menos inmediatos, es adelantarla antes de que cambie la normativa.
La agudeza periodística pudo con el frío análisis al acuñar la expresión de una nueva burbuja inmobiliaria. Estrictamente hablando no se trata de una burbuja, sino de un lógico acomodo a un cambio en la legislación. Lo que se entiende, o debe entenderse, por una burbuja inmobiliaria es el aumento generalizado de los precios, que no sólo de las cantidades, asociado a un aumento también generalizado de los medios de pago. La facilidad del crédito, su abaratamiento, favorece la adquisición de bienes de larga duración, como la vivienda. No es el caso al que nos referimos, especialmente si tenemos en cuenta que los precios siguen bajando y que, según la mejor opinión de los expertos, aún habrá de bajar no menos de un quince por ciento.
Pero la cuestión ha provocado la respuesta de la ministra de Economía, Elena Salgado, negando precisamente que se dé tal burbuja inmobiliaria. Ha acompañado sus palabras con poderosas razones: “Lo mismo ha pasado con las compras de bienes de consumo duradero. Inmediatamente antes de la subida del IVA, los consumidores tienen un comportamiento racional y tratan de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece lalegislación”.
La cuestión es, no obstante, que el comportamiento de las familias suele ser siempre racional, mientras que es el Gobierno, y no sólo el de Rodríguez Zapatero, el que pone a prueba a esas familias con decisiones arbitrarias, contradictorias y, en más de las ocasiones, irracionales. Pues seguramente tiene sentido eliminar la desgravación sobre la vivienda, del mismo modo que es aconsejable que no haya excepciones y agujeros en la normativa fiscal.
El problema es más general. Es el que ha causado un auténtico caos en el mercado de las energías renovables al ofrecer unas primas generosísimas al comienzo para luego retirarlas con carácter retroactivo. Es el bandazo desde el keynesianismo menos ilustrado del comienzo de la legislatura a los recortes de última hora. Es decir, el problema es la falta de confianza en el mantenimiento de una política razonable, es la conciencia de que el entorno normativo es caprichoso y cambiante. En estas condiciones una de las principales pérdidas de nuestra economía, y que no se puede percibir en elegantes datos de compraventa o de precios, son las decisiones a futuro que no se toman por la incertidumbre que provocan los cambios de la legislación. Esa bruma normativa de la que nadie habla es una de las cuestiones que con más ímpetu se deberían abordar.
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