El campamento de la discordia

La muerte de un adolescente por disparos de la Gendarmería Real en el control de acceso al campamento de Agdaym Izik y los disparos procedentes del mismo, según la versión oficial marroquí, ha convertido el problema en una situación de crisis.

La acampada de ciudadanos procedentes de El Ayún e instalados en varios miles de tiendas de campaña a unos 20 kilómetros de la ex capital del Sahara Occidental, ha sido escalonada y tolerada por la Administración marroquí. La muerte de un adolescente de 14 años por disparos de la Gendarmería Real tras el intento del vehículo en que viajaba de forzar el control de acceso al campamento de Agdaym Izik y los disparos procedentes del mismo según la versión oficial marroquí, ha convertido el problema en una situación de crisis.

En un principio se trataba de una “protesta social” y así la consideraron las Autoridades de Rabat. Una protesta más, como decenas de otras que se vienen sucediendo en diferentes ciudades y regiones de Marruecos, al socaire de la crisis económica que reduce presupuestos y anula inversiones en el área social. Pero la de El Ayun difiere de las otras por la composición social de los irritados ciudadanos y por la repercusión internacional que está teniendo.

A finales de 1975 y en plena agonía del régimen de Franco, Hassan II organizó una Marcha Verde de 350.000 marroquíes hacia la ex colonia española, con el fin de presionar al Ejército español para que evacuara el Sahara Occidental. Los caminantes quedaron a unos cientos de metros del campo de minas que separaba la ex colonia española de la frontera legal del Reino de Marruecos. Tras el repliegue de los militares y de los colonos españoles en la “operación Golondrina”, Hassan II decidió que 30.000 de los marchadores que aún no habían vuelto a sus pueblos de origen, entrasen en El Ayún para ocupar edificios vacíos, comercios, talleres y puestos bajos en la Administración de la ciudad. Las panaderías, peluquerías, tiendas de comestibles, talleres de reparación y otros comercios que habían quedado sin dueño, pasaron a manos de estos recién llegados. Otros entraron a ocupar Correos, Telégrafos, las dependencias de la alcaldía o a trabajar en El Parador.

Cuando años más tarde, el Frente Polisario y el Gobierno de Marruecos discutían sobre las listas de votantes para el Referéndum resuelto por la ONU en 1991 para decidir la suerte del Sahara Occidental, el movimiento independentista se opuso categóricamente a que estos “ nuevos colonos” que habían llegado al amparo de la Marcha Verde fuesen incluidos en las listas. Pero no fueron los únicos. El gobierno de Rabat facilitó la instalación en las diversas ciudades del Sahara Occidental, en particular en El Ayún, de decenas de miles de marroquíes procedentes de zonas pobres del país a lo largo de los años 80 y en particular después del Alto el fuego de 1991. El entonces ministro del Interior Dris Basri amontonó estos neo colonos en tiendas de campaña en diversos barrios de El Ayún. Fueron los llamados “campamentos de la unidad”. Tampoco estos nuevos ocupantes de las ciudades fueron admitidos por el Frente Polisario como posibles votantes.

Sin embargo, tres decenios después, una nueva generación de “nacidos en el Sahara” ha hecho irrupción en la escena pública. Jóvenes entre 15 y 30 años que han nacido en El Ayun, que han ido al colegio con otros “oriundos” del territorio, y que se casan con oriundos o advenedizos. Se sienten tan saharauis unos como otros, pero difieren en el trato que reciben de las Autoridades públicas.

El gobierno de Rabat ha invertido miles de millones de euros en las infraestructuras y el desarrollo de los territorios del Sahara Occidental. Entre las “inversiones sociales” hay que señalar las ayudas y subvenciones de todo tipo otorgadas a los ciudadanos. Los oriundos, agrupados en tribus, sub tribus, fracciones y familias, están fuertemente jerarquizados. La mayoría se encuentran en el territorio administrado por Marruecos, y desde los años 70 muchos han amasado fortunas considerables y casi todos disponen de rentas, ayudas y apoyos familiares consistentes.

En situación parecida se encuentran los varios miles de repatriados que han abandonado a lo largo de estos años los campamentos de refugiados de Tinduf y vuelto a sus ciudades de origen. El Estado marroquí les proporciona ayudas sustanciosas a cada uno de ellos, 1.600 dirhams mensuales, más que el salario mínimo.

Los ciudadanos que acampan en Agdaym Izik son en su mayoría antiguos colonos o sus descendientes, y que se sienten saharauis por haber nacido o vivido prácticamente toda su vida en el territorio, ven como “otros” reciben tratos de favor y ellos no. En los videos colgados en Youtube, lo dicen claramente: “gentes llegadas hace poco reciben ayudas, y nosotros no”.

Pero lo que en un principio fue una protesta social, se ha convertido en un nudo de crisis. El Frente Polisario, que se reunirá con el gobierno de Marruecos en el próximo noviembre bajo los auspicios de la ONU, trata de sacar partido de la muerte del joven Zuber Elgarhi, mientras el gobierno de Rabat endurece la apertura que practicaba hasta ahora de permitir el acceso al territorio de los periodistas y observadores internacionales. “No vienen como profesionales de la información, sino como agitadores políticos” comenta una fuente marroquí. El enviado especial de Naciones Unidas para el conflicto del Sáhara Occidental, Christopher Ross, insiste en la “imperiosa necesidad” de reducir la tensión para evitar “ensombrecer el clima” cara al inminente encuentro entre las partes en conflicto.