Martes 02 de noviembre de 2010
No hace mucho, Jaime Mayor Oreja recibió un auténtico aluvión de descalificaciones al alertar de posibles contactos entre ETA y el Gobierno. Esas descalificaciones arreciaron cuando el dirigente popular vaticinaba que, en breve, empezarían a producirse movimientos sospechosos en torno a la lucha antiterrorista. Dicho y hecho. De un tiempo a esta parte, Díaz Usabiaga ha sido puesto en libertad con la excusa de cuidar a su madre, hay quien vuelve a tildar a Otegui de “hombre de paz”, y a algunos parece valerles que Batasuna rechace un etéreo concepto de violencia. Mientras, Alfredo Pérez Rubalcaba almuerza con la cúpula de la Audiencia Nacional y habla de presos de ETA con el peneuvista Iñigo Urkullu.
Son demasiadas coincidencias como para no pensar que algo pasa en la trastienda política en lo que a terrorismo se refiere. Y no debería de ser así. Todos los gobiernos que ha habido en España han tenido como prioridad acabar con ETA. El que lo consiga le deberá mucho al esfuerzo de todos ellos, pero qué duda cabe que, a título particular, le supondrá un rédito enorme. Así las cosas, es perfectamente lícito que José Luis Rodríguez Zapatero quiera apuntarse ese tanto. Huelga decir que, además de convenirle desde un punto de vista electoral, el jefe del Ejecutivo deseará, como todo español de bien, que una banda terrorista con más de 900 muertes a sus espaldas desaparezca para siempre. El problema radica en cómo hacerlo. Y es ahí donde saltan todas las alarmas.
A nadie escapa que los partidos nacionalistas le han sacado a Zapatero prácticamente todo aquello que le han pedido, por leonino que fuera. En base a ello, no es descabellado pensar que el Presidente estaría dispuesto a otorgar lo que sea con tal de obtener un eventual fin de la violencia. Pero dicho fin ha de contar con un mínimo de requisitos objetivos para ser creíble: entrega de las armas, abandono definitivo de la violencia y fin del resto de actividades ilícitas. Porque, conviene tenerlo presente, ETA no mata porque no puede, pero sigue extorsionando a empresarios para que paguen el impuesto revolucionario y llevando a cabo acciones de kale borroka casi a diario. Es lo que hay. Y mientras no varíe este statu quo, nada habrá cambiado en el entorno abertzale. Las víctimas se merecen un respeto. Y los ciudadanos, que no se juegue a rentabilizar sensibilidades con algo tan importante como la lucha antiterrorista.
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