¡Que viene la derechona!

Ha sido anunciar Mariano Rajoy su idea de adelgazar la Administración y saltar todas las alarmas en la izquierda española. De un tiempo a esta parte, asistimos a una labor de atemorizar a la opinión pública con las recetas de la derecha como principales enemigas del estado de bienestar. Aunque, en esta ocasión, como ha recordado Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha hecho algo tan poco “progresista” –pero necesario- como congelar las pensiones y rebajar el sueldo a los funcionarios ha sido el PSOE. A lo que hay que añadir la destrucción de millones de empleos, hasta rebasar con creces los cuatro millones de parados y alcanzar una tasa de paro del 20 por ciento.

A eso sí que hay que tenerle miedo. La economía española no es la única con problemas en Europa, pero si una de las más perjudicadas y, desde luego, la peor gestionada por sus actuales gobernantes. Así las cosas, son de agradecer nuevas propuestas tendentes a desfacer el entuerto. Más aún si con ellas se simplifican los trámites administrativos, se ahorra una importante cantidad de dinero y se optimiza el funcionamiento de los engranajes del Estado. La práctica totalidad de expertos en Derecho Público coinciden en la imperiosa necesidad de poner coto a la sangría económica que supone un Estado de las Autonomías sobre dimensionado y manirroto. Una cuota razonable de empleo público es imprescindible. La actual, con más de tres millones de funcionarios sobre una población activa de 20 millones de trabajadores, es imposible de sostener. Y eso no estamos tanto ante el estado bienestar como frente al bienestar del estado. Por eso es un problema cuya solución hay que acometer de inmediato.