18 años de inhabilitación política
Miércoles 03 de noviembre de 2010
El escaño de la parlamentaria colombiana Piedad Córdoba, destituida e inhabilitada hace poco por haber mantenido supuestos nexos con la guerrilla de las FARC, quedó en manos del directorio del Senado, dijo este martes la congresista opositora.
La senadora explicó que la Mesa Directiva de la Cámara alta cuenta con diez días hábiles de plazo para decidir sobre el fallo contra ella, que fue confirmado hace seis días por la Procuraduría General de la Nación.
La entidad, que es la responsable del control disciplinario de los funcionarios en Colombia, ratificó el miércoles pasado su sentencia de destituir a Córdoba como legisladora y también de inhabilitarla por 18 años para el ejercicio de cargos públicos.
La decisión se derivó de un proceso disciplinario abierto por el procurador general, Alejandro Ordóñez, tras el hallazgo de unos supuestos correos electrónicos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, al parecer, relacionan a la congresista con esta guerrilla.
Los archivos fueron encontrados en computadores decomisados al portavoz internacional y segundo al mando en las FARC, "Raúl Reyes", alias de Luis Édgar Devia, muerto en marzo de 2008 durante un bombardeo colombiano a su campamento, ubicado en las selvas del norte de Ecuador.
La legisladora ha rechazado que haya colaborado o promovido a este grupo rebelde, como lo ha sostenido Ordóñez en su decisión, y defendió que sus gestiones ante las FARC han sido humanitarias y de búsqueda de la paz.
El plazo de diez días hábiles comenzó a correr este martes por efecto de la notificación que de su fallo hizo la Procuraduría al Senado, acción que, según el titular de la entidad de control, significa que Córdoba es ya una "ex senadora".
La congresista y el letrado Ciro Quiroz, líder del equipo de defensa de la política, se reunieron con el presidente del Senado, Armando Benedetti, para analizar los efectos de esta notificación.
Las partes coincidieron en que el directorio del Senado tiene diez días hábiles para decidir si acoge el fallo de la Procuraduría. "Esta no es una decisión fácil, no porque se trate de Piedad Córdoba, sino porque se trata del Congreso de la República", declaró Córdoba a la salida de su reunión con el presidente del Senado.
La congresista, que pertenece al Partido Liberal Colombiano (PLC), insistió en que es el Consejo de Estado la instancia judicial competente para despojarla de su escaño.
En este sentido, reiteró que echará mano de los recursos legales a los que tiene derecho. Tras esta reunión, Córdoba se dirigió a la sala de sesiones plenas del Senado, que asumió la discusión del caso de la congresista.
En el plenario, el presidente del Senado aseguró que facilitaría el análisis del caso de Córdoba, que es el primero en la historia parlamentaria de destitución de un legislador por un fallo disciplinario de la procuraduría.
"Lo que voy a hacer es acatar la ley. Hay un debate jurídico y no voy a atropellar a nadie. Acataré lo que diga la ley", expresó Benedetti, del oficialista Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), en el poder con Juan Manuel Santos.
El legislador observó que el caso de Córdoba puede ser asumido por la Comisión de Ética del Senado pasados los diez días hábiles con los que cuenta la Cámara alta para "acoger el pronunciamiento" de la Procuraduría.
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