José Eugenio Soriano García | Martes 09 de noviembre de 2010
La CMT, órgano se supone que especializado e independiente sobre el sector, no ha tenido, no tiene, ni tendrá, la menor sensibilidad ni interés por los consumidores que como usuarios del servicio sufran, como sufren, el abuso y el saqueo de las compañías telefónicas y asimiladas.
Interesados como están sus miembros exclusivamente en las “relaciones de importancia”, lo suyo es el diálogo y coloquio con los grandes operadores, sus directivos y sus abogados. Pero en modo alguno, atienden ni resuelven quejas de los consumidores. Y éste es uno de los sectores peor valorados por los ciudadanos.
No hay día en que no se produzcan miles de abusos. Todos ligados a la asimetría que existe entre una compañía poderosa y un consumidor aislado, desinformado y desprotegido. El Estado no ha querido examinar ni analizar en absoluto a tales compañías, grandes contribuidoras al “mercado de favores” con gobiernos central y autonómicos, también con los gobiernos locales (cuando tienen algún poder real).
La CMT, que ya ha tenido encontronazos fuertes con las autoridades comunitarias quienes han observado que algunas decisiones favorecían a quien en términos comunitarios no debería ser favorecido, es un órgano del poder y para el poder.
A diferencia de otros, como los británicos, donde las quejas, sugerencias y recomendaciones de los usuarios constituyen una preciosa fuente de información para la propia Administración, aquí la CMT ha decidido vivir felizmente en su burbuja y no enterarse de lo que pasa fuera. Y por supuesto, con el menosprecio autoritario impropio de un Estado democrático con el que actúa, no constituye apoyo, ni auxilio ni aliento para el consumidor.
El consumidor de tales productos telefónicos no tiene ninguna alternativa frente a las grandes compañías. Éstas, ávidas de despojarles de su dinero, dan toda clase de facilidades a la hora de la contratación. Luego, entre letra pequeña y práctica, como si fuera en una cárcel de papel, impiden a toda costa la salida. Poniendo un costo administrativo indirecto – presión fuerte como barrera de salida – que por mucha legislación que incluso se haya dictado específicamente al respecto, logran todas las compañías que cada cliente quede cautivo, salvo esfuerzos. Tantos que son varias las empresitas que ofrecen intermediar para facilitar el cambio del servicio. Y mientras tanto, la CMT mirando a otro lado.
A la CMT le interesa solo el gran mundo, el de los restaurantes de cinco tenedores, el de la soberbia y la vanidad (que éste sí que es un bucle cerrado en nuestro país) el de sentirse importantes y dejarse capturar en un secuestro del regulador que es un escándalo. Pero de esta forma no cumplen con la genuina misión del servicio ni de las finalidades públicas, esto es, conseguir la mayor difusión de la banda ancha, lograr que se haga a costos sensatos y no disparatados, obtener satisfacción del consumidor, y muy importantemente mejorar la calidad de un servicio a todas luces desastroso.
Capturado por los intereses de las grandes compañías, el organismo regulador no ofrece solución alguna, ya no solvente, ni siquiera débil, a las demandas y necesidades de los usuarios. Ha entendido su papel como el del árbitro entre poderosos y ha decidido que no le corresponde la masa de los usuarios.
Con esta visión, como consumidor hay que pedir ya la sustitución de este inútil organismo por alguno más serio que se tome, en serio, los derechos de los usuarios, que utilice esa información para lograr así vencer la asimetría con el conocimiento que tienen las compañías que de esta forma pueden, si quieren, engañar permanentemente al regulador.
Y ya, puesto que la CMT no sirve para los objetivos públicos más cercanos a los ciudadanos, hay que pensar en que solamente a escala europea se conseguiría alejarse suficientemente de los centros de poder real (las empresas) y tratar de obtener que el ciudadano sea el centro de gravedad permanente de todas estas políticas y regulaciones.
Conseguir así que desaparezca como tal la CMT y que sea sustituida por un órgano/ organismo europeo, puede ser un objetivo que la Comisión Europea se marque, sabiendo que contará con la oposición de muchos Estados “latinos” pero con el reconocimiento de millones de consumidores
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