La economía mundial vive pendiente de Irlanda

Los mercados de deuda intensifican su presión sobre la deuda de Irlanda por la desconfianza que generan los planes del Gobierno de Dublín para sacar al país de la crisis y hacer frente a unos intereses que aumentan día a día. Mientras Alemania paga apenas un tres por ciento por la deuda que emite, Irlanda tiene que elevar su interés casi hasta el nueve por ciento para que los inversores compren sus bonos.


Así quedó reflejado este jueves cuando los mercados de deuda fijaron el interés de los bonos irlandeses a 10 años en el 8,90 por ciento -el miércoles llegaron a estar en el 8,95 por ciento-, lo que elevó su prima de riesgo, es decir, su diferencial con el bono alemán de referencia, por encima de los 600 puntos básicos, unas cifras históricas e insostenibles. El temor a que la situación irlandesa acentúe la devaluación de la prima de riesgo de otros países, sobre todo en España, Grecia y Portugal, ha provocado una cadena de declaraciones encaminadas a calmar los nervios de los inversores.

El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, indicó hoy que la UE ayudará a Irlanda "en caso de que sea necesario", aunque evitó "hacer especulaciones" sobre una cuestión espinosa para el Ejecutivo de Dublín. Desde el Ministerio irlandés de Finanzas se insistió este jueves en que el Gobierno "está en condiciones de pagar su deuda", como demuestra el hecho de que volverá a emitir deuda del Estado el próximo año para "refinanciar" las arcas públicas.

La desconfianza de los mercados en Irlanda, explicó un portavoz oficial, se debe a la incertidumbre que rodea a "ciertas economías" periféricas europeas sobre su capacidad para pagar los altos intereses que acumulan sus deudas. A principios de esta semana, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, indicó en Dublín que los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno irlandés para cumplir con las directrices comunitarias son "correctos", aunque se podrían renegociar dependiendo del crecimiento que experimente su economía en los próximos años.

Rehn dejó entrever esta posibilidad en el transcurso de varias entrevistas mantenidas con los líderes de la oposición irlandesa, con quienes analizó los presupuestos generales del Estado para 2011, considerados como los más duros de la historia de Irlanda y cuyo objetivo es recortar 6.000 millones de euros de su déficit público, el doble de lo estimado hace un año. Esa cifra forma parte de un plan más amplio del actual Ejecutivo irlandés, que busca reducir en los próximos cuatro años el déficit público hasta el tres por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) desde el 14 por ciento actual, el porcentaje más alto de la Unión Europea (UE). Para entonces, en 2014, el Gobierno de Dublín espera haber impuesto unos ajustes con los que confía en ahorrar hasta 15.000 millones de euros, casi el doble de lo anticipado, situación que preocupa a la oposición por las consecuencias sociales que podría acarrear.

Y ayer mismo, el Ejecutivo irlandés recibió un respiro cuando la CE concedió una extensión a su sistema de garantías a la banca, puesto en marcha a finales de 2009 para proteger a las principales entidades financieras del país de la crisis económica. Según el ministro irlandés de Finanzas, Brian Lenihan, la prórroga comunitaria "avala" la política gubernamental y sus "esfuerzos para restaurar" el sistema financiero nacional, en graves problemas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace dos años. No obstante, el Gobierno de Dublín ha cifrado la factura final del rescate de los seis grandes bancos irlandeses en 50.000 millones de euros, lo que elevará el déficit público durante 2010 hasta el 32 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Irlanda no ha pedido ayuda
La Comisión Europea insistió hoy en que Irlanda no ha solicitado la asistencia financiera de sus socios de la zona euro pese a que el servicio de su deuda alcanza costes cada vez más insostenibles. El Ejecutivo comunitario también reiteró que la Unión Europea tiene los instrumentos necesarios en vigor para activarlos en caso de que esta ayuda fuera finalmente solicitada. "A día de hoy, Irlanda no ha pedido ninguna asistencia financiera a Europa", aseguró el portavoz comunitario Olivier Bailly.

"En caso de necesidad, y subrayo claramente que sólo en caso de necesidad, el presidente (José Manuel Durão Barroso) ha confirmado (en Seúl) que tenemos todos los instrumentos necesarios sobre la mesa debido al problema que ya afrontamos en primavera con otro estado miembro (Grecia)", añadió Bailly. Las palabras del portavoz matizaron las pronunciadas esta mañana en la cumbre del G-20 de Seúl por el presidente de la Comisión Europea, quien afirmó que la UE "esta vigilando día a día la situación" que atraviesa Irlanda y que cuenta con los mecanismos necesarios para actuar si fuera preciso.

Los mercados de deuda situaron hoy el bono irlandés a 10 años a un interés récord del 8,9%, mientras su diferencial con respecto al alemán de referencia superó los 600 puntos básicos, unas subidas que recuerdan las registradas por la deuda soberana griega la pasada primavera, antes de que los socios se vieran obligados a acudir en su ayuda improvisando un mecanismo particular junto al FMI. Sin embargo, el Gobierno irlandés insistió hoy en que no ha perdido soberanía sobre su política fiscal y que no necesita ayuda económica de la Unión Europea (UE) para salir de la crisis.

Para "no fomentar la especulación", los portavoces de la Comisión Europea se negaron a aclarar en público cómo se aplicaría al caso irlandés la nueva Facilidad europea de estabilidad financiera creada tras la crisis griega (EFSF, en inglés). Según los documentos difundidos tras la aprobación de la EFSF, el pasado 9 de mayo, la concesión de los préstamos debe ser decidida por mayoría cualificada por el Consejo de ministros, después de que el país afectado determine sus necesidades de financiación junto con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, así como un programa de reformas económicas.

A propuesta del Ejecutivo comunitario, los ministros de la UE determinarían la cantidad máxima de ayuda, el precio del préstamo, la duración de la asistencia, así como el número de desembolsos y las condiciones asociadas al programa.