Intelectuales árabes reclaman cambios democráticos

Coincidiendo con el desarrollo de la crisis en el Sahara Occidental, que está estrechamente relacionada con los derechos humanos y las libertades, un grupo de intelectuales han realizado un llamamiento desde Casablanca a promover una auténtica revolución democrática en todo el mundo árabe, espacio geopolítico en el que constatan un “dramático y alarmante retroceso en las reformas políticas”.


El Llamamiento de Casablanca ha sido apoyado hasta el momento por más de medio millar de intelectuales, políticos y actores de la sociedad civil, y está recogiendo la adhesión de la aplastante mayoría de organizaciones democráticas. La crisis en el Sahara Occidental y los disturbios ocurridos en El Aaiún ha sido el detonante de la irrupción de estos movimientos en la escena pública.

Los firmantes del manifiesto, que piden la liberación de los “miles de presos políticos que se amontonan en las cárceles de todos los países árabes”, el fin de la tortura y de los secuestros, y la separación de poderes con el consiguiente respeto a la independencia del poder judicial, exigen que los gobiernos y los Estados, cuyas instituciones deben ser neutrales, acepten a las organizaciones de la sociedad civil como actores de primer plano en los cambios democráticos.

Coincidiendo con el apagón informativo que el gobierno marroquí está practicando en torno a la crisis del Sahara Occidental, la expulsión de periodistas internacionales de El Aaiún y el cierre de la cadena de televisión Al Yazira entre otros, el Llamamiento de Casablanca considera como imprescindible para avanzar hacia el Estado de derecho, “la garantía de la libertad de expresión, el libre acceso de los medios y de los periodistas a las fuentes de información y a las noticias”. Además, reclaman que se puedan difundir las informaciones y las opiniones “sin censura, sin coerciones administrativas y sin presiones judiciales”, exigiendo al mismo tiempo “la abolición de las penas de cárcel en los juicios contra periodistas”.

El manifiesto de Casablanca concluye con un llamamiento a las fuerzas democráticas en todo el mundo a “hacer presión sobre sus propios gobiernos para abstenerse de apoyar los regímenes no democráticos en el mundo árabe”.

La crisis del Sahara Occidental
Esta toma de posición desde la sociedad civil interroga en primer lugar al gobierno marroquí, cuya actuación en la crisis del Sahara Occidental, está llena de lagunas y ambigüedades. En la misma han convergido tres aspectos que es necesario diferenciar para evitar la manipulación.

En primer lugar el conflicto surgido por la descolonización inacabada. Un tema éste que está en manos de las Naciones Unidas desde 1974, y que enfrenta a las dos partes, el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario en disputa por el control de la soberanía del territorio. El gobierno español en 1975 traspasó la Administración provisional del Sahara Occidental a Marruecos y a Mauritania; traspaso del que se tomó nota en una Resolución de la Asamblea General del 10 de diciembre de 1975. Ese mismo día se adoptaron dos resoluciones, una favorable a las tesis de Marruecos y otra a la tesis argelina, principal valedor del Frente Polisario, según describe Jaime de Piniés, representante de España en la ONU entonces. Pero en ambas se reafirmaba “el derecho de las poblaciones saharauis originarias del territorio a la libre determinación de conformidad con la Resolución 1514”, que preveía la organización de un referéndum de autodeterminación en los territorios a descolonizar. España cedió la administración del territorio de forma provisional, en espera de que se tomase en cuenta la opinión de la población.

La descolonización sigue inacabada a la espera de la consulta popular, que las dos partes aceptan aunque difieren del contenido de la pregunta a formular. Las Naciones Unidas han enviado al territorio una misión con el objetivo de organizar el referéndum. Es la MINURSO, presente tanto en la parte administrada por Marruecos, como en los campamentos de refugiados de Tinduf. El gobierno de Marruecos sólo acepta que se incluya en la pregunta la integración o la autonomía del territorio. El Frente Polisario exige además de estas dos opciones, que se contemple la independencia. Las negociaciones para organizar el referéndum están en punto muerto, y el Consejo de Seguridad no quiere imponer la aplicación de las resoluciones, prerrogativa que le otorga el Articulo 41 de la Carta de Naciones Unidas. El aspecto pues que se refiere a la descolonización del Sahara Occidental sigue su curso independientemente de la evolución de la situación política en el territorio y de los disturbios que se puedan originar en el mismo.

El segundo aspecto es el relativo a los Derechos Humanos, que incluye las libertades políticas, el derecho a la información, el derecho de circulación, el derecho a la integridad física de las personas. Las Naciones Unidas disponen de organismos específicos dedicados a controlar la situación de los derechos humanos. El desmantelamiento por la fuerza del campamento de Gdeim Izizk y la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes en los disturbios de El Aaiún, son considerados como vulneración de los derechos humanos según la parte adversa. Así como la falta de pluralidad política, el retener la población contra su voluntad y el impedimento de acceso de periodistas no favorables al Frente Polisario a los campamentos de refugiados de Tinduf, lo son para la parte marroquí.

Los “errores” cometidos por algunos medios de comunicación españoles, como la publicación de una foto de niños palestinos presentados como saharauis (agencia Efe), o de la masacre cometida en Marruecos a principios de año por un desequilibrado como si hubiera ocurrido en los disturbios de El Aaiún (Antena 3), así como la aceptación de cifras de muertos, heridos y desaparecidos, dándolas por seguras sin contrastar, tampoco contribuyen a crear el mejor clima informativo y de respeto de los derechos humanos. De cualquier manera es importante diferenciar este problema del propio de la descolonización, de manera de no tratar de validar las tesis de cada una de las partes por el incumplimiento de la otra en materia de derechos y libertades.

En fin, la tercera componente de esta crisis es la humanitaria, la situación en la que se encuentran las poblaciones originarias del territorio. Esta situación ha evolucionado considerablemente desde hace años, y no tiene nada que ver con la que contempló la ONU antes de la salida de España del Sahara Occidental. La población saharaui hoy día está dividida entre los que viven en el territorio administrado por Marruecos, que son mayoría, los residentes en Mauritania, en la diáspora (Canarias, España, Europa y otros países), y los refugiados en los campamentos de Tinduf. La peor situación del punto de vista humanitario la tienen incontestablemente estos últimos, que viven exclusivamente de la ayuda internacional. Resolver esta “crisis humanitaria” debe ser una prioridad, independientemente de que el contencioso avance hacia una solución o quede estancado. No se puede hacer pagar a la población saharaui el precio de la falta de acuerdo entre las partes.

Las propuestas de las Naciones Unidas en la línea de una “hoja de ruta” de medidas de confianza, van en esa línea. En el último encuentro celebrado en Nueva York apadrinado por Cristopher Ross, tanto el gobierno marroquí como el Polisario han avanzando en ello, aceptando retomar las visitas familiares por avión y explorar su realización también por tierra. Aspecto éste trabado por la existencia de campos de minas colocadas por las dos partes en conflicto durante los años de guerra (1975-1991).