La imprescindible reforma de la función pública

Muy mal deben de ver las encuestas en Ferraz. Hasta tal punto que ayer el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, sorprendía a propios y extraños anunciando que el Ejecutivo está estudiando una fórmula que permita ligar el salario de los funcionarios a su productividad. Tocar el statu quo de los funcionarios, nada menos. Eso es casi tanto como plantarle cara a los sindicatos; de ahí la extrañeza del nuevo globo sonda de Moncloa.

La leyenda negra que pesa sobre la escasa productividad de los funcionarios españoles es tan injusta como recurrente. La mayor parte de ellos han llegado hasta donde están tras pasar un duro periplo de oposiciones al cual, por otra parte, todo el mundo puede acceder. Esa inmensa mayoría tampoco tiene una nómina especialmente elevada. Todo lo cual nos lleva a inferir que, por lo general, los funcionarios españoles trabajan como es debido, con seguridad pero sin obtener por ello una retribución especialmente generosa.

Dicho lo cual, hay quien no se ajusta a estas premisas y tiene un nivel de laboriosidad bastante escaso. Más de uno y más de dos. Pero es que, además, hay muchos. No hay economía capaz de soportar semejante cuota de empleados públicos. Ellos son, a título personal, los últimos responsables; la culpa recae sobre un Gobierno que, durante todo este tiempo, no ha sido capaz de frenar la oferta de empleo público ni ha adelgazado a la Administración hasta cotas razonables. Y un Gobierno que, porqué no decirlo, se ha dedicado a sobredimensionar las administraciones públicas para pagar espurios peajes políticos. Urge reformar la función pública, evitando la inflación de funcionarios, la duplicidad de funciones y los contratos a dedo, pero sin portadas ni globos sonda, sino de un modo eficaz y discreto. De otra manera, el Gobierno sólo conseguirá enfrentarse a los funcionarios y perder una nueva porción de credibilidad. Y no le queda mucha.