Sábado 20 de noviembre de 2010
El presidente de México, Felipe Calderón, presentó al senado un proyecto de ley que prende, en situaciones de emergencia, incorporar oficialmente el Ejército a la lucha contra el crimen organizado. Si bien la iniciativa, busca inyectar una dosis adicional de seguridad en uno de los países de América Latina con mayor índice de muertes violentas en toda la región, lo cierto es que la militarización no es precisamente la solución.
La violencia y los altos índices de criminalidad en México va más allá de la guerra contra el narcotráfico. Se trata de un problema de fondo que radica en la debilidad de las instituciones mexicanas per sé, en las que la impunidad y la corrupción se cuelan descaradamente dentro del funcionamiento de las administraciones públicas, en donde la precariedad en los cuerpos de seguridad hace que muchos de sus integrantes “vendan su alma” al diablo del narcotráfico y el deterioro jurídico doblega el derecho ciudadano de vivir en una sociedad segura.
Por lo que esta última iniciativa ha de ser vista como una medida de contingencia para retomar el control del país a un corto y mediano plazo, más no puede ser la apuesta definitiva para acabar con los capos y cárteles de la droga, ya que inmiscuir a la Ejército en la vida civil siempre resulta un arma de doble filo. Se requiere un trabajo a fondo que suponga una restauración del sistema de seguridad y judicial mexicano, a fin de erradicar el problema de raíz. De lo contrario el germen de la mala hierba seguirá presente y volverá a crecer una y otra vez.
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