Un Gobierno que alarma

El artículo 116.2 de la Constitución confiere al Ejecutivo la potestad de decretar el estado de alarma, si concurren una serie de circunstancias excepcionales que lo justifiquen. Dichas circunstancias concurrieron, sin duda, el pasado 3 de diciembre cuando, a causa del motín de los controladores aéreos, se cerró el espacio aéreo español y el Gobierno recurrió al citado estado de alarma para intentar reconducir la situación. Según los ministros Blanco y Rubalcaba, las cosas se habían arreglado; eso, al menos, era lo que se desprendía de sus optimistas intervenciones públicas. Sin embargo, ayer el Consejo de Ministros se reunía de forma extraordinaria y decidía someter a la consideración del Hemiciclo una prórroga del estado de alarma.

Vaya por delante que el precepto anteriormente referido legitima al Gobierno para hacer lo que hace. Dicho de otro modo, el Ejecutivo utiliza una herramienta perfectamente legal que pone en sus manos el ordenamiento jurídico vigente. Otra cosa es si se siguen dando las circunstancias que motivaron dicho estado de alarma. Porque, si ello es así, el presunto éxito de la gestión de Blanco y Rubalcaba en todo este asunto habrá sido un completo fracaso, toda vez que ha de permanecerse en alarma en lugar de retornar a la normalidad. En otras palabras, es una demostración palmaria de que el Gobierno no ha sido capaz, tras bastantes años de conocer la situación, de romper el chantaje monopolista de los controladores. Por otro lado, si este es el precio que hay que pagar por tener unas Navidades tranquilas en lo que a tráfico aéreo se refiere, páguese, aunque eso no exime al señor Zapatero de buscar otras fórmulas que solventen lo que es simple y llanamente un conflicto laboral. Debía haberlo hecho hace mucho tiempo. Y eso sí que es alarmante.