PP y PSOE pactan aumentar el periodo de cálculo de las pensiones

La comisión del Pacto de Toledo que reforma el sistema público de pensiones ha alcanzado un principio de acuerdo sobre la necesidad de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones y de establecer un sistema más equitativo de contribución de los trabajadores. El portavoz del PP, Tomás Burgos, ha explicado que estas modificaciones son "clave" para la reformar. IU, ERC y BNG se han desmarcado del acuerdo. El anuncio se da a conocer el mismo día en el que el dato del IPC muestra una subida interanual superior a la que se preveía, con lo que el Ejecutivo se gastará 2.659 millones de euros en la compensación a los pensionistas.

De esta forma lo anunció el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, quien aseguró, minutos antes de reiniciarse la reunión que comenzó esta mañana, que reconocer el esfuerzo contributivo de los trabajadores a lo largo de más años de su actividad laboral es "clave" en la reforma del sistema de la Seguridad Social.

No obstante, explicó que cualquier modificación se hará con un criterio gradual y que los elementos de solidaridad del sistema están garantizados ya que seguirá habiendo una pensión máxima y una pensión mínima.

Burgos también valoró que el documento de recomendaciones que firmen todos los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo corrija el procedimiento de cálculo, que hasta ahora era "arbitrario" ya que "los primeros años valían más a efectos de pensión que los últimos, y no tenía ningún sentido cuando precisamente se discute favorecer la continuidad laboral".

En este sentido, recordó que más del 30% de los ciudadanos acceden a la jubilación anticipada desde el desempleo y casi un 11% lo hace desde el subsidio para mayores de 52 años, lo que supone una "lesión de derechos".

El portavoz de CiU en la misma comisión, Carles Campuzano, confirmó este principio de acuerdo que calificó de "importantísimo" y dijo que "por fin el Pacto de Toledo va a dar sus frutos".

Este preacuerdo se produce cuando el grupo socialista ha remitido a la comisión una propuesta sobre la reforma de las pensiones en la que no se define si la edad de jubilación debería ampliarse hasta 67 años.

Precisamente sobre este aspecto, Burgos aseguró que el documento que firme el Pacto de Toledo no puede ser "abstracto, en el que pueda caber todo" sino que debe fijar un criterio que establezca qué es lo que no se puede hacer, que desde el punto de vista del PP -dijo- "es no elevar la edad a los 67 años".

Aseveró que la edad legal de jubilación "no hay que moverla", sino que hay que actuar sobre los elementos que la diseñan, como es cambiar su régimen jurídico, frenar las jubilaciones anticipadas, elevar la edad mínima de acceso a este tipo de jubilaciones o modificar los criterios de acceso para que los ciudadanos puedan elegir jubilarse sin penalización cuando tienen largas carreras de cotización.

"La edad legal es un concepto obsoleto, hay que ir a un modelo mas flexible, donde el ciudadano tenga más derecho de decisión, ya que el Gobierno no es nadie para decir cuándo deben jubilarse los ciudadanos", aseveró.

Sobre la ampliación del período de cálculo de las pensiones argumentó que ni en el documento de recomendaciones del Pacto de Toledo de 1995 ni en el de 2003 se especificó el número de años que deberían ampliarse y dijo que esta es una labor que debe negociarse en el Diálogo Social.

Asimismo, el diputado del PP también reconoció avances "importantes" para cambiar la naturaleza jurídica de las mutuas de accidentes de trabajo con el fin de mejorar su gestión y transparencia dentro del Sistema de la Seguridad Social.

"Es la primera vez que las mutuas encuentran acomodo en el Pacto de Toledo", puntualizó.

IU, ERC y BNG no apoyarán ampliar el período de cálculo de las pensiones
ERC, Izquierda Unida y el BNG han expresado su rechazo a la posibilidad de que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones se convierta en una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, un asunto que han pactado PSOE, PP, CiU, PNV y Grupo Mixto en la reunión que se ha celebrado este miércoles en el Congreso.

En una rueda de prensa conjunta, los portavoces de ERC, Izquierda Unida y el BNG en la Comisión han rechazado la propuesta y han asegurado que presentarán votos particulares si finalmente se incorpora la ampliación del periodo de cálculo como una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En concreto, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha considerado esta propuesta un recorte "muy importante" de derechos porque supondría una disminución de la pensión media a medio plazo. Además, se ha mostrado preocupado ante la posibilidad de que la recomendación abra la puerta al Gobierno a la ampliación del periodo de cálculo a toda la vida laboral.

A pesar de las críticas a este apartado de la reforma del sistema de pensiones, las tres formaciones han coincido en señalar que la intención del Gobierno y del grupo que le apoya (el PSOE) de ampliar la edad de jubilación a los 67 años se ha convertido en el principal escollo que tiene "paralizada" la negociación.

De hecho, ha criticado la posición del PSOE por concebir el Pacto de Toledo de forma "ambigua", capaz de realizar recomendaciones "interpretables" que hagan la cobertura al Gobierno para que pueda hacer lo que quiera en el proyecto de ley. A su parecer, el Pacto de Toledo es "muy importante" y las recomendaciones que salgan tiene que elaborarse "sin estrés, sin presión" y tienen que ser "claras".

En este sentido, Llamazares ha explicado que el acuerdo en el Pacto de Toledo pasa por incluir en el texto que la edad legal de jubilación es y seguirá siendo 65 años para evitar que el Ejecutivo pueda legislar con ambigüedad contando con el respaldo del Pacto como un "aval" para su iniciativa legal.

"Si seguimos así no habrá acuerdo. Se busca una coartada al Gobierno para restringir derechos", ha criticado Llamazares, quien, sin embargo, se ha mostrado dispuesto a apoyar iniciativas que permitan incentivar voluntariamente la prolongación de la vida laboral.

Además, ha asegurado que no está convencido de que el PSOE pueda conseguir "mayoría" para sacar adelante este tema en la Comisión, ya que el PP y el Grupo Mixto también se han posicionado en contra de esta propuesta, mientras que CiU y PNV no han dejado clara su posición. "El PSOE tiene un problema y tendrá que pensar que la estrategia de cheque en blanco no le vale y que esta batalla parcial la tiene perdida", ha indicado.

En esta misma línea se ha pronunciado la portavoz del BNG, Olaia Fernández Dávila, quien ha asegurado que no aceptará un acuerdo del Pacto de Toledo que no manifieste "con claridad" que no se alargará la edad legal de jubilación. "No sería adecuado confundir a la opinión pública con unos acuerdos que no respaldarán lo que diga el Gobierno en el Parlamento", ha indicado.

De la misma forma, el portavoz de ERC en la Comisión, Joan Tardá, ha rechazado la posición de aquellas formaciones políticas que quieren "sacar del tablero" a ERC, IU-ICV y BNG por descolgarse del acuerdo porque sus posiciones están "cargadas de sentido común".

En este sentido, ha asegurado que ERC no está dispuesto a dar un "cheque en blanco" al Gobierno para que pueda tomar este tipo de medidas. "No se trata de una tozudez", ha asegurado, tras mostrarse convencido de que la prolongación de la edad de jubilación movilizará a los trabajadores, tal y como ha pasado en otras sociedades similares. "Es un guión que parecía ya escrito", ha añadido.

El Gobierno gastará 2.659 millones en pensiones al alcanzar el IPC el 2,3%
El Gobierno deberá destinar 2.659,32 millones de euros a los pensionistas, tras confirmarse que la inflación se situó en noviembre en el 2,3%, lo que supone una desviación del 1,3% frente al 1% que subieron las prestaciones en enero.

Esta cantidad se divide en una paga única de 1.229,42 millones que recibirán los ocho millones y medio de pensionistas a finales de enero y en la consolidación en la nómina del ejercicio 2011 de la desviación de inflación de 1.429,90 millones.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió el 0,5% en noviembre, y la tasa interanual se mantuvo en el 2,3%, la más alta desde hace dos años, cuando se situó en el 2,4%.

Los componentes que más influyeron en el aumento de precios fueron el vestido y el calzado, con un alza mensual del 4,8%, y el transporte, con el 0,9%, frente al descenso del 0,9% de ocio y cultura y del 0,2% de hoteles, cafés y restaurantes.

La inflación subyacente -que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos y la energía- se situó en el 1,2% en tasa interanual, una décima por encima de la registrada en octubre.

En cuanto a la evolución anual, destacó la tasa del 6,7% en transporte (dos décimas menos que en octubre).

Además se mantuvo la tasa anual del 1,5% en hoteles, cafés y restaurantes, mientras que aumentó tres décimas, hasta el 0,6%, la de vestido y calzado, y también se incrementó tres décimas, hasta el 0,5%, la de alimentación y bebidas no alcohólicas.

Por comunidades autónomas, incrementaron una décima su tasa anual Asturias (2,7%), Cantabria (2,5%), Comunidad Valenciana (2,2%) y Baleares (2%), mientras que descendió una décima en Cataluña (2,5%), Castilla y León (2,4%), Murcia (2,3%), Extremadura (2,2%) y Canarias (1,4%).

El gasto de 2.659,32 millones por la desviación de la inflación es mayor al previsto el pasado mes de 2.472 millones de euros, debido a que el IPC de noviembre ha sido superior en una décima a la tasa española de inflación armonizada anual, que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro.

Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, afirmó que la inflación se mantendrá en los niveles moderados actuales en los próximos meses y añadió que la principal variación posible vendría marcada por los componentes menos estables, como la energía.

Asimismo, señaló que la posible subida de la luz tendría una influencia mínima en el IPC por tratarse de un componente con un peso muy pequeño dentro de su cálculo.

Además, destacó que el IPC armonizado de noviembre bajó una décima al situarse en el 2,2% interanual, lo que reduce de cuatro a tres décimas la diferencia con respecto al dato adelantado por Eurostat para el conjunto de la zona del euro, que se mantendría en el 1,9%.

Por parte sindical, CCOO afirmó que el "excesivo" crecimiento de los precios hasta noviembre es una "muy mala noticia" para una economía como la española en situación muy "delicada", con el 20% de paro y unas finanzas públicas "muy debilitadas".

El sindicato UGT criticó los efectos "devastadores" de la política de recortes del Gobierno sobre la economía y el empleo y pidió la inclusión de cláusulas de revisión salarial.

En cambio, la CEOE señaló que sería un error para la competitividad tomar como referencia para actualizar rentas y salarios el dato de un mes concreto, ya que, en su opinión, ese dato no se corresponde con la evolución de los precios.

Según la CEOE, la inflación sería "prácticamente nula" si se descuenta el efecto del incremento del petróleo y de las subidas impositivas.