Latinoamérica saca “malas notas” en derechos humanos

Esta semana la ONG Human Rights Watch publicó su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo. Si bien el “reprobado” de países como Cuba, Ruanda, Afganistán, Turkmenistán, Corea del Norte, Rusia o China deja de despertar sorpresas, lo cierto es que la gran decepción llegó de la mano de América Latina, en donde muchos países está al borde de “suspender” en materia de DDHH.




“Problemática” y “precaria” son los adjetivos que utiliza Human Rights Watch (HRW) para definir el contexto de los Derechos Humanos en Latinoamérica, que no salió muy bien parada del último análisis de esta organización no gubernamental, que no titubeó al señalar “la diplomacia silenciosa” de Occidente como parte del problema, porque ha preferido transitar por “el camino fácil” y “tratar con guantes de seda” a los Gobiernos que “abusan de sus ciudadanos” que confrontar la situación.

El director de HRW para América, José Miguel Vivanco aduce a que no sólo Haití o Cuba, que siempre han estado en la lista negra, sean objeto del debate internacional, sino que toda la región sea sometida análisis, ya que no son los únicos países del hemisferio con graves problemas en derechos humanos. También existe un grupo de países más allá de las fronteras de La Habana o Puerto Príncipe que deben ser diseccionados.

Brasil y Ecuador: la policía bajo lupa

El abuso de las fuerzas de seguridad es un problema que ha afectado a gran parte de la geografía latinoamericana; sin embargo en Brasil y Ecuador presenta matices preocupantes.

Ser una democracia consolidada con gran influencia en la agenda mundial no han sido razones suficientes para que Brasil escape del escrutinio del HRW. De acuerdo con Vivanco, los abusos policiales en el gigante suramericano son “casi crónicos”, debido a que ha estado inmerso desde hace muchos años en una espiral de “violencia, corrupción y atrocidades cometidas con impunidad”. Denuncias sobre sobornos, torturas e incluso de ejecuciones extrajudiciales empañan la buena imagen que se ha labrado este país en los últimos ocho años.

Según el director regional de Human Rights Watch, durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el Estado destinó más esfuerzos en su proyección internacional que en atender el problema de la seguridad ciudadana, en donde las bandas criminales han hecho su nicho en los corazones de las empobrecidas favelas. Asimismo, apunta a que las preocupaciones por los derechos humanos pasaron a un segundo plano en la política exterior de Brasil, para dar cabida a la promoción de los intereses nacionales.

No obstante es Ecuador y no la potencia del sur que enciende las alarmas de esta ONG en lo que al tema de las fuerzas policiales se refiere, por su amplio expediente de excesos y abuso de poder. La organización denuncia en su informe que en el Gobierno de Rafael Correa las autoridades de seguridad recurren a las acusaciones de terrorismo como excusa para perseguir a los opositores del mandatario.

En 2010 alrededor de una decena de personas que participaron en protestas y manifestaciones contra Correa fueron juzgadas e investigadas por terrorismo. Para HRW esta tendencia responde a ciertas debilidades en cuanto a las disposiciones del Código Penal. Una situación que sumada a las iniciativas de Correa por centralizar el país y a los obstáculos que existen para el ejercicio de la libertad de expresión, despierta especial preocupación dentro de esta organización.

Colombia y México: impunidad militar

Colombia no siempre se ha destacado en materia de DDHH, cuyo archivo se encuentra manchado por los crímenes y atrocidades cometidas por los grupos guerrilleros y paramilitares que desde 1964 han llevado al país por la senda de la violencia, forzando a millones de personas a convertirse en desplazados o en refugiados, y en donde tanto los líderes comunitarios y sindicalistas, como los periodistas y activistas humanitarios terminan siendo blanco de represalias violenta por parte de los insurgentes.

Pero más allá de los abusos conocidos por la guerrilla, esta nación tiene otras tareas pendientes en cuanto a asuntos humanitarios se refiere. Por un lado el escándalo de las escuchas ilegales o espionaje telefónico a opositores y periodistas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), durante el mandato de Álvaro Uribe y la polémica de los “falsos positivos”,-término que se le atribuye a la ejecución de civiles por parte de algunas brigadas del Ejercito a los que hacían pasar por combatientes muertos en los enfrentamientos-, han complicado la de por sí difícil situación de derechos humanos que vive Colombia, poniendo en duda la integridad de las instituciones del Estado.

“Hemos notado un cambio de actitud, de tono, una actitud mucho más abierta a discutir temas de DDHH por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos”, sostiene José Miguel Vivanco, quien opina que ese nuevo “tono” todavía no se ve reflejado en un cambio en la trayectoria de los abusos, debido a que la impunidad, en especial cuando se trata de militares, sigue a la carta.

Una situación similar se observa en México. El informe de Human Rights Watch señala que las violaciones cometidas por el Ejercito van en ascenso desde que el Ejecutivo de Calderón ordenó su despliegue al norte del país. Un total de 4.000 denuncias han sido presentadas a la Comisión de Derechos Humanos de México, de las cuales sólo se han publicado 65 casos de abuso militar.

Esto complica el panorama de un país que el 2010 lo cerró en números rojos superando los 15 mil homicidios a manos del crimen organizado. Si bien Calderón ha puesto en marcha el proyecto de reforma del Código de Justicia Militar, esto no es suficiente para HRW que considera que el Gobierno mexicano debería ser más a causa de que la mayoría de los casos bajo jurisdicción militar “nunca son juzgados con éxito”.

“El sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables, y su funcionamiento se caracteriza por una falta general de transparencia”, señaló Vicanco.

¿Venezuela a los pasos de Cuba?

De los países de la región que más preocupan dentro de Human Rights Watch es Venezuela. Según el director para América de esta organización, desde que Hugo Chávez asumió el poder los derechos humanos en Venezuela se encuentran en una situación “precaria” y en continuo “retroceso”. Retroceso que para el equipo de esta ONG ha sido evidente en los últimos meses, sobre todo en diciembre cuando la Asamblea Nacional aprobó un paquete de leyes entre las que figuran, una modificación del Código Penal para ampliar el alcance de las medidas contra el “desacato”, Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos para reforzar las medidas punitivas hacia los medios de comunicación y la Ley Habilitante; una norma que permite al mandatario disponer de poderes plenos para gobernar por decreto presidencial durante los próximos 18 meses.

Para Vivanco tales pasos no sólo “socavan la libertad de expresión” sino que “dañan los principios básicos del principio de derecho e impide contrarrestar el ejercicio cada vez más personal y concentrado de poder del presidente Chávez. El informe también denuncia que el Gobierno venezolano ejerce un control sobre el poder judicial, advirtiendo el riesgo a represalia que corren los jueces cuyos pronunciamientos “contradigan los intereses del gobierno”.