Lourdes López Nieto | Sábado 29 de enero de 2011
Algunos piensan y opinan que el presidente Zapatero ha cambiado porque está impulsando algunas reformas para afrontar la crisis después de haberla ignorado, al menos públicamente, durante varios años. Sin embargo, habida cuenta de su trayectoria al mando del ejecutivo, parece que suele conservar sus singulares prácticas políticas.
La negociación de la reforma de las pensiones bilateralmente con los sindicatos, supone mantener dos prácticas habituales de la singular trayectoria política del actual líder socialista. Significa la definitiva ruptura del Pacto de Toledo, el único gran consenso político que hasta ahora mantenía vivo, al menos de facto. También evidencia que Zapatero mantiene asumido como propio, la vigencia del Pacto del Tinell, es decir la exclusión del Partido Popular de cualquier acuerdo, pese a que ya no existe el gobierno tripartito que lo ideó y suscribió.
En este sentido la memoria histórica nos lleva a recordar que los tres grandes partidos de gobierno UCD, PSOE y PP elaboraron y defendieron los consensos constitucionales básicos en política exterior, defensa y seguridad. También acordaron determinadas políticas económicas y sociales, mediante los Pactos de la Moncloa primero y que se extendieron a otras políticas especialmente desde la entrada en las Comunidades Europeas. Además, se sustanciaron otros acuerdos como los relativos a la compleja política territorial que después se tradujeron en los tres grandes impulsos políticos y normativos para el desarrollo del proceso de descentralización política (1981, 1992 y 1999) y que fueron apoyados por las dos fuerzas mayoritarias. Como en el caso del consenso sobre la reconciliación, (que también ha destruido al aprobar ley para la memoria histórica), los líderes de los 2 grandes partidos pretendían la incorporación e integración de la práctica totalidad de los españoles.
Otro ejemplo de consenso alcanzado por las dos grandes fuerzas políticas, que se sumaron a una iniciativa, en este caso parlamentaria de CiU, lo constituye la aprobación en un pleno del Congreso en 1994 del llamado después Pacto de Toledo. El objetivo era mantener al margen de los debates políticos y partidistas cuestiones relativas a las pensiones, así como garantizar su salvaguarda. Su puesta en marcha y gestión correspondió al gobierno popular, tras alcanzar el consenso con las principales fuerzas políticas y los sindicatos en otoño 1996. Después se renovó en 2003 y caducó en 2008 pese a los requerimientos para su actualización.
Por ello, la intervención personal del presidente Zapatero, para pactar bilateralmente y con nocturnidad con los sindicatos un asunto que se pretendía mantener al margen de los debates partidistas, vuelve a evidenciar su singular comportamiento.
Dicha negociación se parece mucho a aquella que realizó también con nocturnidad con el actual presidente de la Generalidad de Cataluña. En ella negoció partes del nuevo estatuto, que luego fueron cuestionadas por el Tribunal Constitucional.
A Zapatero no le importó quebrar el consenso constitucional que con tantas dificultades, pero con acuerdos sucesivos de PSOE y PP habían permitido consagrar el actual modelo autonómico. ¿Por qué? Porque dicha negociación, a corto plazo, le permitió desbloquear la aprobación del mencionado estatuto con el que se había comprometido en la campaña para las elecciones de Cataluña. A largo plazo, le permitiría cambiar el modelo constitucional territorial ya que considera discutible el concepto de nación.
¿Pero que significó dicha reforma estatutaria? La ruptura del consenso territorial que habían mantenido UCD, PSOE y PP y los respectivos presidentes de gobierno anteriores. Es el único texto estatutario (de los casi 40) que no ha contado con el apoyo parlamentario del PP en las Cortes. ¿Desconoce Zapatero que las demandas nacionalistas, como las de los sindicatos privilegiados son infinitas?
En claro contraste con su comportamiento, en 2000 el PP mantuvo el acuerdo con CiU y Coalición Canaria. Por coherencia con los principios del consenso territorial, el gobierno rechazó la propuesta de Pujol de extender el sistema de cupo a Cataluña en una reforma estatutaria. De acuerdo con lo acordado en el Congreso del PP y en el programa de las autonómicas de 1999, el gobierno definió como objetivo prioritario de forma expresa cerrar el modelo territorial, presentado un proyecto de ley de cooperación. ¿Por qué no se aprobó? Porque tras el apoyo del PSOE al sistema de financiación (julio 2001), Zapatero rechazó la citada propuesta. A pesar de contar con mayoría absoluta, el PP no aprobó la ley por no contar con el consenso del PSOE.
¿Qué va a ocurrir con el acuerdo sobre pensiones pactado solo con los dos sindicatos privilegiados? Recordemos que se trata de una nueva cesión ante los nacionalistas, quienes le han animado y dado su apoyo en esta reforma a cambio de que satisfaga sus nuevas demandas. Pero ha de saber que terminan afectando a quienes las satisfacen.
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