El Gobierno regula las apuestas online

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley del Juego, que regula el sector establece medidas de protección para los colectivos más sensibles y crea nuevos impuestos que gravarán la actividad de las empresas de apuestas 'online'.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Ley de Juego que regula el sector. Por primera vez se gravará la actividad de empresas de apuestas “on line”, que hasta ahora no tributaban y que en 2010 tuvieron unos beneficios de 315 millones de euros. Así mismo, la Ley establece medidas de protección para los colectivos más sensibles, como los menores o las personas con ludopatía.

El proyecto de Ley, que será tramitado por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados, establece que las casas de apuestas por Internet tendrán que tener una licencia para operar en España, como la de los casinos y bingos, y comenzarán a pagar impuestos, que irán a parar en su mayor parte a las comunidades autónomas.

En concreto, fuentes del sector señalan que cada comunidad autónoma recaudará los impuestos generados por los usuarios que apuesten desde su territorio, cualesquiera que sea la página web en que se metan, siempre que tenga licencia para operar en España. Mientras, el Estado recaudará lo generado por los usuarios que jueguen en páginas web de operadores con licencia en España desde fuera del territorio español.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que la nueva Ley viene a regular "una realidad muy distinta a la que conocía la legislación anterior" y ha subrayado que el proyecto ha sido pactado con las comunidades autónomas, que tienen transferidas la mayoría de las competencias en materia de juego y recibirán la recaudación de los nuevos impuestos sobre las apuestas 'on line'.

Asimismo, Rubalcaba ha señalado que el Ejecutivo ha aprovechado esta ocasión para dar rango de ley a la normativa básica que rige la ONCE para que tenga "una normativa lo más estable posible". Hasta ahora, las únicas actividades reguladas eran las del juego presencial, como casinos o bingos, que se rigen por leyes autonómicas y pagan impuestos en cada autonomía. La actividad de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE también están controladas por sendas normas que les otorgan ciertos privilegios, como la capacidad de explotar en exclusivo algunos juegos, como la lotería.

Sin embargo, hasta el momento no existía una ley de carácter estatal que regulara el sector en su totalidad y tampoco había ninguna norma que contemplara la existencia de las empresas de apuestas por Internet, a pesar de que este tipo de casas de apuestas llevan tiempo operando en España y tienen una importante influencia en otros sectores.

Así, cada año estas compañías invierten en publicidad y patrocinios más de 100 millones de euros, según diversas asociaciones de empresas, y el año pasado obtuvieron unos beneficios con su actividad en España de alrededor de 315 millones de euros. Para el Ejecutivo, algunas de estas actividades de juego electrónico aparecidas en los últimos años "se han venido desarrollando en circunstancias que no cumplen los deseables principios de seguridad, transparencia, fiabilidad e integridad que deben regir las actividades que tienen por objeto las explotación de los servicios de juego".

El PP pide que se aparque su carácter de urgente

El diputado del PP, Antonio Gallego, ha pedido al Gobierno que aparque el carácter urgente con el que tiene prevista la tramitación de la futura Ley del Juego, cuyo proyecto de ley ha sido aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, al tiempo que escuche también al sector y a los grupos parlamentarios.

En declaraciones a Europa Press, Gallego ha señalado que, a la espera de estudiar en profundidad el contenido del texto del proyecto, su primera valoración es "negativa" porque tiene al sector "en contra" de lo aprobado, entre otras consideraciones por cambiar el sistema tributario y no recoger a bingos, loterías o tragaperras, entre otros.

Gallego ha explicado así que el carácter urgente que le ha otorgado el Ejecutivo a la normativa es debido a que la situación de España es "muy complicada" y, de esta forma, ha decidido privatizar y "malvender" el 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), así como impulsar este proyecto de ley del Juego, donde el 98 por ciento del contenido es sobre juego por Internet y "no se le presta importancia" a las loterías, bingos o tragaperras, que en su opinión, deberían enmarcarse en esta futura normativa.

A pesar de todo, Gallego ha celebrado que el Gobierno haya presentado este proyecto de ley, puesto que tenía la obligación de impulsarla de acuerdo a una disposición adicional de 2007. "Era evidente que no tenía mucho sentido que el resto de países europeos regularan el juego 'on line' y España no lo hiciera. Está bien para que las empresas tributen en España", ha apostillado.

Las compañías tragaperras vaticinan su ruina

La Federación Nacional de Operadores de Máquinas Recrativas y de Azar (Femara) ha vaticinado que, de salir adelante la norma tal y como la ha aprobado el Consejo de Ministros, "provocará la quiebra definitiva del sector".

Desde la federación se critica el trato que el proyecto concede a las empresas de juego 'on line', que hasta ahora no pagaban impuestos al no estar regulada su actividad, ya que plantea "una regularización de actuaciones desarrolladas ilegalmente" y "una quiebra del equilibrio existente.

Las empresas de apuestas on-line celebran la creación de un marco legal que regule su actividad

La Asociación Española de Apostantes por Internet (Aedapi) ha aplaudido la aprobación del proyecto de Ley del Juego y ha confiado en que el Gobierno, tras las críticas del sector, haya optado por una marco "competitivo y coherente".

A la espera de leer el texto que ha salido del Consejo de Ministros, Aedapi espera que el proyecto, que llevaban tiempo demandando desde el sector, "se haya hecho en unas líneas beneficiosas para el Estado, los operadores de juego por Internet y, sobre todo, los usuarios". La Aedapi confía en que el Gobierno haya tomado la decisión acertada y propuesto una regulación competitiva y coherente", señalan desde la asociación.